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El fiscal Jorge Lebedich ocupa el cargo de titular de la Dirección de Control de la Gestión Fiscal del Ministerio Público.
Esta oficina es responsable de verificar la tarea que desarrollan los agentes fiscales a nivel nacional.
En el caso que nos ocupa, la oficina de Jorge Lebedich recibió el 24 de marzo de 2015 la orden de efectuar un análisis de gestión de la fiscala Arminda Rivas, de la unidad penal Nº 4 de Ciudad del Este.
El pedido fue remitido por el encargado de la Dirección de Gabinete Fiscal del Ministerio Público, Abog. Roberto Zacarías.
Los antecedentes fueron remitidos por el fiscal adjunto del Área 10, Abog. Alejandro Vera Ojeda.
La fiscala Arminda Rivas presentó imputación contra Higinio Benítez, Aurelia Nikolaus y sus hijos Claudia y Fernando.
La denuncia fue presentada por Enrique Sarubbi quién acuso a la familia Benítez de “invasión de inmueble ajeno, producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso”.
El conflicto gira en torno a un inmueble de 20 hectáreas localizado en el distrito de Minga Guazú, Alto Paraná.
Enrique Sarubbi consiguió un título de propiedad judicial luego de querellar a su suegro, 13 años después de muerto; el finado Francisco Feliciano Duarte no tuvo oportunidad para defenderse y así Sarubbi se hizo con un título judicial.
Es un título de propiedad fraudulento, resulta inadmisible querellar a un muerto y ganar el juicio. El Poder Judicial se llenó de vergüenza en este caso.
Refleja el extremo absoluto de corrupción que impera en el ámbito judicial.
Raya en lo ridículo
Arminda Rivas está involucrada en el caso Sarubbi: admitió una denuncia contra los legítimos propietarios del inmueble y presentó imputación.
El supuesto delito de falsificación tuvo lugar en el año 1992, es decir ocurrió (si fue así) así 23 años atrás.
Ya no existe tal delito, prescribió y existen otras opciones legales en el ámbito civil para la defensa de derechos que se consideran vulnerados.
Claudia y Fernando Benítez Nikolaus tenían 11 y 9 años, respectivamente, en el año 1992, eran menores de edad. La fiscala Arminda Rivas presentó imputación por supuestos delitos contra personas que eran niños en el año 1992.
La imputación de Arminda Rivas raya en lo ridículo.
Tenemos primero a Enrique Sarubbi querellando a un muerto, luego aparece el juez Manuel Saifildin Stanley condenando al fallecido y luego viene una fiscala imputando por un delito que prescribió a dos niños en el momento de la supuesta falsificación.
La imputación en el ámbito penal no es casual: tiene como objetivo acorralar a los denunciados y volverles presa fácil para la extorsión.
Salvar a Arminda Rivas
Arminda Rivas se encuentra bajo investigación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados; en procura de salvarse de un proceso presentó el informe redactado por el fiscal Jorge Lebedich como descargo.
Como conclusión el documento expresa: “Del análisis realizado se constató que la agente fiscal Arminda Rivas de Monges ejerció la acción pública, por lo tanto, realizó diligencias y actos investigativos que dieron la sospecha de la comisión de los hechos punibles contra la prueba documental”.
Agrega que “en consecuencia, en fecha 13 de marzo de 2015 formuló acta de imputación conforme a lo establecido en el Art. 302 del Código de Formas”.
El informe de Lebedich tiene cuatro hojas a doble cara donde no aporta mayores datos.
Concluye como dato sin importancia que dos de los imputados eran menores de edad en el momento del supuesto delito.
El fiscal Jorge Lebedich preparó un informe a la medida de su colega, la fiscala Arminda Rivas, quien busca salvarse del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Imputados ante el juez
Los cuatro imputados por la fiscala Arminda Rivas deben presentarse este viernes ante el juez penal de garantías.
El juez Emilio Gómez Barrios deberá decidir la imposición de medidas alternativas ante la solicitud del Ministerio Público.
La finca en Minga Guazú, mientras tanto, sigue ocupada por Enrique Sarubbi.
roque@abc.com.py