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SANTA ROSA DEL AGUARAY, Dpto. de San Pedro (Omar Acosta, corresponsal). Mientras aguardan la solución definitiva al conflicto por los títulos de propiedad, ambos grupos sobreviven en medio de la miseria.
El dirigente campesino Darío Carísimo lamentó la desidia del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para regularizar las tierras en las que actualmente están afincadas 158 familias.
Dijo que los labriegos están cansados de esperar la intervención del Indert desde el 2013, año en fue expropiado el inmueble de 1.887 hectáreas a favor de la colonia Santa Bárbara; por lo que piden la salida del director Justo Cárdenas.
“No hay otro camino. Es grave la falta total de interés. Pedimos al presidente Horacio Cartes la destitución del director de Indert porque no se interesa por la situación de las tierras y del campesinado”, expresó.
Los campesinos desmontan gran parte de la zona boscosa del inmueble. Se instalan bajo precarias carpas, sin agua potable, ni energía eléctrica. A duras penas sus hijos asisten a la escuela que está ubicada a unos 10 km del asentamiento.
El Indert no puede aún regularizar las tierras debido a que en el 2014 el Indi compró 3.518 hectáreas de un lote en el que está incluida la parte expropiada en 2013.
El Indert no habría pagado aún por esas tierras a sus propietarios, quienes habrían obrado también de mala fe.
“Estamos viendo la solución. Vamos a pagar por la parte expropiada y la otra parte quedará al Indi”, dijo Justo Cárdenas, durante su visita a San Pedro.
Uno de los líderes indígenas, Hugo Vera, pidió la destitución del presidente del Indi, Jorge Servín.
“Ni siquiera sabemos dónde exactamente está nuestra tierra. Sabemos que se compró, pero nadie nos ofrece ayuda”, manifestó.
Gran parte de los lotes ocupados por las familias indígenas no es apta para la agricultura, debido a que es arenal.
Hectáreas
Servín había declarado que en principio se concretó la compraventa de un inmueble de 3.513 hectáreas en cinco pagos, pero luego de conocerse la condición de dominio terminaron por adquirir solo 1.626 hectáreas, por las que abonaron el equivalente a las dos primeras cuotas ya efectivizadas.
En ese predio ubicaron a 175 familias, las mismas que actualmente reclaman asistencia.