Se instala luego de escándalo

Sin embargo, recién después de un escándalo por corrupción en la  Argentina y que envuelve a Cardona, el empresario apareció este mes en Luque. Se anunció que en el edificio antiguo de la Municipalidad ubicado en el microcentro se iban a instalar las oficinas de la recaudadora, pero hasta el momento no lo hizo.

Siguiendo los pasos de Cardona descubrimos que la empresa comenzó a operar en una vivienda de lujo y rodeada de cámaras de circuito cerrado de vigilancia, ubicada en la compañía Loma Merlo. El jueves llegaron al lugar para hablar con Cardona o algún representante de la firma, pero dos personas que se encontraban en el lugar nos indicaron que no estaban en ese momento. Solicitaron que proporciones un número telefónico para que se comuniquen con nosotros posiblemente mañana, y así lo hicimos.

El empresario, en entrevista con una radioemisora de Luque dijo que serán incluidos en Informconf los contribuyentes que no paguen sus impuestos.

En el proceso de licitación, en la carpeta del Consorcio Tributario no estaba aclarada la firma del titular y tampoco se encontraba el sello de la empresa en los documentos. Otras de las faltas fueron la no presentación del plazo de validez de la oferta económica y la aclaración de la póliza de garantías a favor de la comuna, exigidas en el pliego de bases y condiciones.

Las deficiencias eran suficientes para que el comité evaluador de la Municipalidad de Luque descalificara la propuesta.

Las violaciones de la Constitución Nacional, de la Carta Orgánica Municipal y de la Ley de Concesiones de Obras y Servicios, así como el incumplimiento del pliego de bases condiciones de la licitación son razones más que suficientes para que la Contraloría General de la República (CGR) realice un examen especial en la Municipalidad. Pero el contralor, Enrique García, se llamó a silencio.

Asimismo, la mayoría de la Junta Municipal, presidida por Rubén González Chaves (hijo del senador y titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Oscar González Daher) son cómplices de los graves atropellos. Lo paradójicamente, como contralores, los ediles deberían solicitar una auditoría a la CGR y la intervención de la gestión comunal a la Cámara de Diputados.

Tampoco existen diputados que hayan demostrado capacidad para pedir informes sobre el presunto negociado. Por lo tanto, las autoridades comunales gozan de total blindaje, hasta ahora.