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Luis Gneiting Dichtiar, gobernador del departamento de Itapúa, enfrenta una demanda por cobro de deudas.
La denuncia fue presentada por Delia Edith Floris Cardozo, expareja del político colorado.
De acuerdo a la demanda, Gneiting Dichtiar adeuda 170 millones de guaraníes a la señora Floris Cardozo.
Este monto corresponde a la acumulación de cuotas no pagadas como parte de un acuerdo de disolución de la sociedad conyugal.
El gobernador de Itapúa no pagó en los últimos dos años la cuota mensual de cuatro millones de guaraníes, acordado con Delia Edith Floris Cardozo en el momento de la separación.
El juicio de disolución fue iniciado por el mismo Luis Gneiting Dichtiar.
El 22 de abril de 2012 se dictó la Sentencia 782 en el juicio caratulado como “Luis Roberto Gneiting Dichtiar contra Delia Edith Floris Cardozo sobre disolución de la sociedad conyugal”.
Gneiting Dichtiar aceptó la obligación de pagar cuatro millones de guaraníes mensuales a su expareja, monto que debe ser destinado a gastos de la vivienda familiar, incluyendo alimentación y seguro médico para sus dos hijos.
Según la denuncia, se cumplieron dos años sin el cumplimiento de acuerdo y en este lapso la deuda trepó a 170 millones de guaraníes.
Ante la negativa de pago, Delia Edith Floris Cardozo planteó una demanda con la esperanza de llegar a cobrar.
En el marco del juicio se solicitó el embargo de cuentas bancarias del político así como de propiedades hasta cubrir la deuda.
Sospechosa intervención
¿Que tiene de especial esta demanda?
La querella iniciada por Delia Edith Floris Cardozo tiene un punto llamativo en extremo: el expediente se abrió el 11 de mayo pasado y el 27 del mismo mes se recibió la orden de remitir copia a Asunción, a la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional.
Pasaron apenas 15 días de la apertura del expediente cuando la jueza Graciela Scala de Giménez ya debe enviar copia de un expediente que recién comienza a moverse.
La solicitud de remisión de los documentos fue firmada por el director de dicha oficina, el abogado Mario Elizeche.
La Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional es una repartición que depende de la Corte Suprema de Justicia y tiene como finalidad supervisar los procesos judiciales.
Por lo general interviene ante solicitud de las partes. En este caso, ninguna de ellas planteó una denuncia y tampoco se tiene constancia de que se hubieran violado derechos procesales.
Apenas 15 días de proceso y una oficina de la Corte Suprema de Justicia recuerda a la jueza Graciela Scala de Giménez que hay ojos observando desde Asunción su actuación en el caso.
Despertar el interés de la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional no es nada fácil y no deja de llamar la atención su intervención en un proceso civil de cobro de deudas que recién se inicia.
Casos vergonzosos
La persona denunciada por no pagar sus deudas es gobernador de Itapúa, hombre cercano al vicepresidente Juan Eudes Afara, y a dos semanas de iniciado de abrirse el expediente surge una oficina de la Corte Suprema de Justicia recordando a la jueza que sigue el proceso.
La misma diligencia no se tiene en el vergonzoso caso en que Enrique Sarubbi ganó un proceso judicial a su suegro fallecido 13 años atrás.
Sarubbi, con base en un proceso fraudulento, logró un título de propiedad judicial y con este documento en mano pudo desalojar a legítimos propietarios de un inmueble ubicado en Minga Guazú, Alto Paraná, valuado en ocho millones de dólares.
Lo mismo se puede decir del caso Eisen, en el que una familia de productores fue desalojada de su propiedad, en el distrito de Mayor Otaño, Itapúa.
Con abierta y desvergonzada complicidad judicial, usurpadores se encuentran cultivando dentro de la tierra de los Eisen sin pagar un solo guaraní en concepto de arrendamiento.
El Poder Judicial llena de vergüenza a nuestro país y, en lugar de constituir un garante para una convivencia social equilibrada, se convirtió en un factor desestabilizador.
El estado de derecho con jueces corruptos no es ni siquiera una utopía, es una bofetada a una maltrecha república.
roque@abc.com.py