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YUTY, Dpto. de Caazapá (Antonio Caballero, corresponsal). La canalización fue denunciada por pobladores de la colonia Santa Rosa de Lima y se hizo pública el 11 de octubre a través de los diarios de circulación nacional. El viernes, ocho días después de la denuncia, tomaron intervención en el caso la fiscalía de medio ambiente de Caazapá, a cargo de Karina Escurra, y el juez de Yuty, Waldemar Ortiz.
La fiscala dijo que no podía intervenir sin orden del juez, mientras el magistrado se excusó diciendo que estaba de vacaciones.
La canalización se realizó en la “estancia Baraya” dentro de la colonia Santa Rosa de Lima, propiedad del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). La parcela fue arrendada por Martín Lukasch, de la ciudad de Encarnación.
El 9 de octubre último, obreros, ayudados por tres topadoras, realizaban la apertura de un canal de 3.000 metros de longitud, entre cinco y diez metros de ancho y tres de profundidad. El objetivo, desviar el río Tebicuary para regar futuros arrozales.
El viernes, la comitiva fiscal-judicial encontró solo una topadora en el lugar. Las otras dos fueron sacadas del sitio el jueves, según los pobladores.
Martín Lukasch, quien se presentó como arrendatario, llegó al sitio y aseguró que cuenta con licencia ambiental. Sin embargo, exhibió a las autoridades un documento que solamente demuestra que comenzó las gestiones para la obtención del permiso correspondiente.
Lukasch dijo que el consultor, Víctor Dubarry Salazar, le aseguró que el pedido de licencia tuvo sanción ficta porque la Secretaría del Ambiente (Seam) no se expidió sobre la gestión en tres meses.
Sin embargo, los fiscalizadores de la Seam, Pablo Acuña y Julio Marecos, presentes en el lugar, le indicaron a la fiscala que el proyecto no cuenta con la licencia ambiental.
La fiscala Escurra solicitó al juez la suspensión total de las actividades. El magistrado, por su lado, decretó la paralización de las tareas.
Propiedad del Estado
La colonia Santa Rosa de Lima tiene 10.000 hectáreas, que fueron expropiadas por el gobierno de Alfredo Stroessner de Humberto Zarza. Pero, recién cuando Marciano Barreto ejercía la presidencia del Indert fue regularizada como una colonia del ente agrario.
El Estado le pagó 16 millones de dólares (más de G. 70.000 millones al cambio actual del dólar) a Zarza por las tierras y en parte está ocupado por arroceros.