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LUQUE (Gladys Villalba, corresponsal). La Municipalidad luqueña, administrada por Carlos Echeverría (colorado cartista), tercerizó por 15 años el cobro de impuestos en julio de este año. Adjudicó a la empresa Relevamientos Catastrales SA y Relcat Paraguay SA, de Diego Armando Cardona Herreros, quien está siendo investigado en la Argentina por la presunta comisión de delitos relacionados con contrataciones para prestar servicios similares a los ofrecidos en este distrito.
Según el convenio, cobrará impuestos a los ciudadanos luqueños hasta
julio de 2032 a cambio del 27% de lo recaudado por año. La adjudicación se realizó en un proceso plagado de irregularidades, que fueron denunciadas por otras empresas que participaron del concurso de ofertas.
Además del intendente Echeverría, siete concejales violaron la Constitución Nacional, la Ley Orgánica Municipal N° 3.966/1 y la Ley N° 1618/2000 de “Concesiones de Obras y Servicios al delegar las funciones de la institución a una empresa privada.
Los que avalaron lo que para la mayoría de los ciudadanos será un gran negociado son los concejales colorados Rubén González Chaves (hijo del senador Óscar González Daher y presidente de la Junta Municipal), Teodoro Valdez, José Eliseo Fernández, Christian Valdez, Diego Romero, Juan Ángel Marecos y el liberal Silverio Mosqueira.
Según fuentes, el plan de tercerizar el cobro de tributos habría sido gestado por el polémico senador cartista Óscar González Daher, quien posee cientos de propiedades inmobiliarios, desde terrenos, edificios, salones comerciales, viviendas, quintas y mansiones en el distrito. El legislador fue denunciado en varias ocasiones por evadir el pago de los impuestos comunales, principalmente los inmobiliarios y por conseguir exoneraciones.
En el pliego de bases y condiciones solamente figuraba la concesión de impuesto inmobiliario, pero en el contrato figura que la empresa se encargará de todas los ingresos tributarios.
Normativas
La Constitución Nacional, en el artículo 169 “del impuesto inmobiliario”, indica: “Corresponderá a las municipalidades y a los departamentos la totalidad de los tributos que graven la propiedad inmueble en forma directa. Su recaudación será competencia de las municipalidades. El 70% de lo recaudado por cada municipalidad quedará en propiedad de la misma, el 15% en la del departamento respectivo y el quince por ciento restante será distribuido entre las municipalidades de menores recursos, de acuerdo con la ley”.
El artículo 170 “de la protección de recursos”, afirma: “Ninguna institución del Estado, ente autónomo, autárquico o descentralizado podrá apropiarse de ingresos o rentas de las municipalidades”.
Este plan fue elaborado en base a la Ley N° 1618/2000 de “Concesiones de Obras y Servicios, siendo esta, una normativa exclusiva para “otorgar en concesión obras y servicios”, cuyo alcance refiere a “la construcción, mejoramiento, rehabilitación, reparación o mantenimiento de una obra y su operación o explotación, según los términos del respectivo contrato”. También, en su artículo 16 menciona que es potestad de la Junta Municipal “otorgar la concesión”, pero en este caso el intendente Carlos Echeverría usurpó esa potestad.
En cuanto a la Ley Orgánica Municipal, fue violentados el artículo 9° de Protección de Recursos Municipales (basado en el artículo 170 de la Constitución Nacional). Además, el 15° de Potestades, que en su inciso g, dice que es obligación de la Comuna “recaudar, administrar y disponer de sus bienes y recursos”, así como el 151 de Impuestos exclusivos y Compartidos, que indica que “los impuestos municipales son exclusiva fuente municipal y de participación con el Estado”. Finalmente, el artículo 153 de Impuestos Inmobiliarios, que ratifica lo establecido en el artículo 169 de la Constitución Nacional.
Rechazaron suspensión
En la sesión ordinaria del martes 31 de octubre los concejales liberales Francisca Franco y Rodrigo Blanco solicitaron la suspensión del convenio firmado entre el intendente, Carlos Echeverría (colorado cartista) y el empresario Diego Cardona Herreros, para cobro de impuestos durante quince años. Argumentaron que la medida sería hasta tanto se aclaren las denuncias que soporta Cardona en la Argentina. Pero, con votos de seis ediles colorados rechazaron la propuesta.