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La mayoría de las administraciones municipales de los 250 distritos de nuestro país están plagadas de irregularidades en cuanto al uso de los recursos, principalmente del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y Royalties. El hecho de que solo 17 intendentes hayan presentado en el plazo fijado sus rendiciones de cuentas sobre el destino del dinero de Fonacide transferido por el Ministerio de Hacienda (MH), entre mayo y setiembre de este año, refuerza las denuncias de concejales y ciudadanos sobre el mal uso de dicho rubro.
Existen quejas de mala calidad de obras, inconclusas, abandonadas y “fantasmas”.
La Ley 4758/12, que crea el Fonacide, establece que un 50 por ciento de los fondos debe ser destinado a obras de infraestructura (refacciones, construcción de aulas, sanitarios y otros) en instituciones educativas: escuelas y colegios; 30 por ciento al almuerzo escolar y el 20 por ciento restante en obras de inversión y desarrollo que beneficien a las instituciones educativas, como mejoramiento de accesos.
En cuanto a la Ley de Royalties, estipula que el 80% debe ser destinado a obras de infraestructura y el 20% en consultorías.
En ambos casos, muchos intendentes usan el dinero para pago de sueldos, alentados por la impunidad porque las leyes no establecen sanciones por el mal uso de los recursos. Es más, los intendentes “privilegiados” continúan recibiendo transferencias del MH.
Los intendentes consultados sobre el motivo de la no presentación de sus rendiciones de cuentas se excusan en el cambio de mando a raíz de la renuncia de varios jefes comunales que pretenden su reelección y también en supuestas nuevas exigencias documentales de la Contraloría General de la República (CGR).
El ente contralor presentó un detallado reporte en el Congreso Nacional sobre la situación la falta de transparencia en las administraciones municipales. En el rubro de Fonacide, de los 250 intendentes, 158 aún no remitieron sus informes, mientras en Royalties están en falta 179 jefes comunales.
Por otro lado, de las 17 gobernaciones, solo Boquerón no se puso al día hasta el 1 de octubre. Sin embargo, en el caso de la Gobernación de San Pedro, existen denuncias de que en la colonia Primavera del distrito de Lima, en el año 2011 abandonó la construcción de un aula para el tercer curso del colegio María Auxiliadora.
La comunidad educativa solicitó en reiteradas ocasiones el uso de los recursos del Fonacide para concluir la obra, pero no fueron atendidos por la administración de Vicente Rodríguez (ANR).