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BUENOS AIRES (AFP). Varios empresarios comenzaron a colaborar con la justicia argentina en el escándalo de sobornos durante los gobiernos de los Kirchner (2003-2015), al solicitar acogerse a la figura de “arrepentido”, lo que les permitirá quedar en libertad por ahora, al denunciar lo que saben sobre los ilícitos.
El empresario Ángelo Calcaterra, un primo del actual presidente Mauricio Macri, admitió haber ordenado el pago de sobornos, según fuentes judiciales.
El juez de la causa, Claudio Bonadio, ha realizado ya 16 arrestos y 20 imputaciones de delitos. La ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner fue convocada a declarar el 13 de agosto.
La investigación surgió a partir de la información sobre presuntos cobros de sobornos registrada en ocho cuadernos por el chófer de un exfuncionario del Ministerio de Planificación que tuvo a su cargo la gestión de obra pública en los tres gobiernos kirchneristas.
El juez Bonadio ordenó más de veinte allanamientos el miércoles pasado en los que terminaron arrestados ocho empresarios y ocho exfuncionarios.
También pidió una autorización al Senado para allanar el domicilio de Cristina Kirchner. Los parlamentarios debatirán esa solicitud el día de hoy.
Calcaterra se presentó voluntariamente este lunes y declaró como arrepentido. Ante el juez admitió el pago de sobornos cuando era dueño de la constructora IECSA por lo que quedó imputado en la causa pero con exención de prisión.
IECSA había sido fundada por Franco Macri, padre del presidente, y creció como beneficiaria de grandes obras públicas. En 2007 la transfirió a su sobrino Calcaterra, primo hermano del presidente.
En la lista de los “arrepentidos” también figura Juan Carlos de Goycochea, exresponsable en Argentina del grupo constructor y energético español Isolux Corsan; o Javier Sánchez Caballero, el exejecutivo de IECSA.
Cuatro de los empresarios arrestados, todos de grandes firmas, declararon ayer.