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WASHINGTON (Reuters). El Gobierno socialista de Venezuela rechazó el intento “imperial” de sanciones desde Estados Unidos, que amenazó con imponer “fuertes medidas” si el presidente Nicolás Maduro continúa con su plan de llevar a cabo una controvertida Asamblea Constituyente para reescribir la carta magna.
El principal sostén del chavismo –que está en el poder desde hace más de 15 años– son los militares por lo que el vicepresidente del partido gobernante, Diosdado Cabello; y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, son claves para el gobierno de Maduro.
Varios miembros del entorno de Maduro ya fueron sancionados por cargos que van desde tráfico de drogas hasta violaciones a los derechos humanos.
El más reciente fue el vicepresidente Tareck El Aissami. Estados Unidos lo señaló como narcotraficante y le impuso oficialmente sanciones financieras.
Las sanciones contra individuos, no obstante, no tendrían el mismo peso que un castigo económico, por lo que el gobierno de Donald Trump también analiza sanciones al sector energético, incluyendo la estatal Petróleos de Venezuela.
Venezuela depende casi enteramente de sus exportaciones petroleras, de donde obtiene alrededor del 95% de sus ingresos en divisas.
Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela han sido tirantes desde 1999, cuando el fallecido Hugo Chávez asumió la presidencia en el país sudamericano.
Si bien en el 2010, Venezuela retiró a su embajador en Washington, nunca llegó a romper relaciones comerciales con el país del norte, que se mantiene como el principal mercado para el crudo venezolano.
El país exporta unos 780.000 barriles por día (bpd) de crudo a Estados Unidos (75% de la producción) que, junto con India, son de los pocos clientes que le pagan mayormente en efectivo.
El domingo, la oposición consiguió que 7,6 millones de venezolanos votaran en un plebiscito simbólico para rechazar la Constituyente porque creen que significa la consumación de una “dictadura” en su país.
Alentada por la masiva votación, también convocaron a un paro de 24 horas mañana.
Varios gobiernos de América Latina y Europa pidieron que se respete la voluntad popular, pero EE.UU. fue más allá al asegurar que si no cancelan la Constituyente, llegarán fuertes medidas”.