Exhortan a modificar las leyes sobre el aborto

MONTEVIDEO (AFP).“Instar a los Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos”, señala uno de los artículos del denominado “Consenso de Población y Desarrollo de Montevideo”.

El acuerdo –alcanzado por 38 países miembros y asociados de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)– contiene 120 medidas prioritarias para dar seguimiento a las acordadas en 1994 en El Cairo (ICPD), con especial atención en materia de derechos sexuales y reproductivos, pobreza y promoción de salud.

Además se llama a “asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados”.

El consenso se alcanzó luego de atravesar un proceso “muy intenso y muy desafiante”, expresó en el cierre de la conferencia el presidente de la reunión y viceministro de Salud del Uruguay, Leonel Briozzo, cuyo país despenalizó el aborto a fines de 2012 en las primeras 12 semanas de embarazo.
Legal, en varios países

Actualmente el aborto es legal sin restricciones en Cuba, Puerto Rico, Guyana, Guyana Francesa y Uruguay, además de Ciudad de México. Según la OMS, en 2008 el 12% de todas las muertes maternas en América Latina se debieron a abortos inseguros.

El documento insta a “asegurar el acceso efectivo de todas las mujeres a la atención integral en salud en el proceso reproductivo”, “garantizar el acceso universal a técnicas de fertilización asistida” y “el acceso efectivo a una amplia gama de métodos anticonceptivos modernos, basados en evidencia científica con pertinencia cultural, incluyendo la anticoncepción oral de emergencia”.

La declaración final también incluyó medidas en relación al envejecimiento y la protección social, igualdad de género, protección a personas migrantes, vulnerabilidad ambiental y derechos de los pueblos indígenas.

El documento final señala como prioritario “invertir en la juventud, a través de políticas públicas específicas... especialmente en la educación”, además busca “invertir en políticas de trabajo” para los jóvenes en una región que en la actualidad tiene cerca de 160 millones de personas de 15 a 29 años de edad.

En la actualidad, se estima que sólo el 20% de la inversión se utiliza en menores de 30 años.