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VIENA (EFE). En un informe especial sobre la situación de la libertad de expresión en Ecuador, el IPI concluyó que la situación que enfrentan los medios de comunicación en ese país se deterioró a un nivel alarmante en los últimos meses.
Un grupo de expertos del IPI, una red mundial de editores y propietarios de medios de comunicación, estuvo en Ecuador en el año 2012 para entrevistarse con responsables políticos y representantes del sector de los medios de comunicación.
El informe presentado en Viena es un análisis actualizado de las impresiones recogidas por el IPI en la visita de hace un año y revisa una serie de nuevas leyes y propuestas legislativas “ampliamente consideradas como un intento de acallar a los críticos del presidente Rafael Correa”.
“La nueva Ley de Comunicación” entró en vigor el 25 de junio pasado, tras cuatro años de debate y en contra de las objeciones presentadas por legisladores opositores y las críticas de grupos civiles nacionales e internacionales, aseguró el IPI en un comunicado emitido en Viena.
El informe identificó como lo más preocupante de la nueva ley la creación de dos instrumentos estatales de regulación: el Consejo de Regulación y Desarrollo de Información y el Departamento de Información y Comunicación.
Disciplinar a prensa
“Ambos tienen el poder de disciplinar a la prensa mediante una combinación de sanciones legales y administrativas”, destacó el IPI.
“La combinación de poderes excesivos y la falta de garantías sobre su independencia hacen que estos dos órganos reguladores sean propensos a tomar acciones arbitrarias contra los medios de comunicación y periodistas, o abusar de los mismos”, señaló el informe.
Asimismo, destacó que “controles para prevenir ese abuso están alarmantemente ausentes en la ley de medio. Muchas acciones y determinaciones del Consejo no parecen ser objeto de revisión judicial”.
Asimismo, la organización sostuvo que se haya creado la figura legal del “linchamiento mediático”, considerada por los opositores a la ley como “un instrumento más para que funcionarios públicos puedan acallar las críticas a sus acciones”.
El IPI criticó, por otra parte, que la ley de medios califique la libertad de expresión como “un bien o un servicio”, en lugar de considerarlo como un derecho, protegido por instrumentos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos.
Bárbara Trionfi, experta en libertad de prensa en el IPI, señaló que “la ley de medios de Ecuador tiene serios errores en cuanto a la protección del derecho del pueblo de Ecuador a información independiente”.
“Estamos seriamente preocupados porque el debate sobre la ley de comunicación no tuvo en cuenta las opiniones de representantes de la prensa y por eso produjo una serie de determinaciones que son inconsistentes con los estándares internacionales sobre libertad de expresión”, criticó Trionfi.
El informe del IPI denunció también los crecientes ataques verbales y físicos que sufren los periodistas, incluso de parte del propio presidente Correa.
Además de detenciones arbitrarias, confiscaciones de equipos, amenazas de muerte, abusos físicos y registros de viviendas, un periodista ecuatoriano fue asesinado este año.