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CARACAS (AFP, EFE, Reuters). Una avalancha de críticas de la comunidad internacional se desató este jueves contra el gobierno de Nicolás Maduro tras la decisión del Tribunal Supremo de asumir las competencias del Legislativo, lo que fue calificado como un “golpe de Estado” por la oposición venezolana.
“En Venezuela, Nicolás Maduro dio un golpe de Estado”, denunció el presidente de la Asamblea, Julio Borges, quien rasgó ante las cámaras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), calificándolo de “basura”.
Estados Unidos, la Unión Europea, Luis Almagro, secretario general de la OEA, Canadá y varios países latinoamericanos y todos los sudamericanos de la Unasur, con excepción de sus aliados “incondicionales” Ecuador y Bolivia, denunciaron la decisión de la Sala Constitucional del TSJ (autodeclarado chavista), de asumir las funciones del Parlamento.
Tras la medida, Almagro, fuerte crítico del Gobierno venezolano, denunció un “autogolpe” en el país. Para Estados Unidos hay una “ruptura de las normas democráticas”.
Uno de los primeros países latinoamericanos en protestar fue Perú al retirar a su embajador en Caracas denunciando, al igual que Brasil, una “ruptura del orden constitucional”.
Por su parte, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, llamó a consultas a su embajador, y el Congreso de Costa Rica pidió aplicar la Carta Democrática Interamericana de la OEA a Venezuela.
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, escribió en cuenta de Twitter: “Si se rompe la división de poderes se rompe la democracia. Por la libertad, la Democracia y el Estado de derecho en Venezuela”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “condena categóricamente esta grave injerencia del Poder Judicial en la Asamblea Nacional y urge al Estado venezolano a restablecer la independencia y separación de poderes del Estado”.
El pasado martes, el TSJ ya había asestado un golpe a la Asamblea, al retirar la inmunidad de los diputados, lo que abrió la posibilidad de enjuiciarlos incluso ante tribunales militares.
La posterior autoadjudicación de las potestades legislativas representó “una anulación de facto del voto popular mediante el cual fueron elegidos los diputados de la Asamblea Nacional”, el parlamento unicameral venezolano, de mayoría opositora.