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BRASILIA (EFE). Lula fue hallado culpable de recibir un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá (São Paulo), ofrecido por la constructora OAS a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras (caso del Petrolão).
El caso se inscribe en la operación “Lava Jato”, que reveló el mayor esquema de corrupción montado en la historia del Brasil, bajo el mandato de Lula da Silva.
Las próximas apelaciones que presentará la defensa del exmandatario Lula da Silva serán dirigidas un tribunal federal regional con sede en la ciudad de Porto Alegre, que juzgará el caso en segunda instancia.
De ese segundo fallo dependerá una eventual candidatura de Lula en los comicios previstos para octubre de 2018, ya que si fuera ratificada la condena antes de comenzar el proceso electoral, la ley le impediría explícitamente postular a cualquier cargo público.
En cambio, si al cabo de un año el caso no es resuelto, Lula incluso podría volver a gobernar Brasil desde Planalto.
La segunda instancia penal suele demorar entre uno y dos años para pronunciarse.
En la acción negada por el magistrado anticorrupción, Sergio Moro, la defensa demandaba que fueran corregidas diversas “omisiones” en los autos del proceso.
Según la defensa, existen documentos que fueron presentados al tribunal y desconsiderados por Moro, entre los cuales cita desde declaraciones de testigos hasta certificados que probarían que la verdadera propietaria del inmueble sigue siendo la constructora.
Pero el juez Moro sostiene que “no existen ni omisiones, ni oscuridades ni contradicciones en la sentencia”, que fue dictada en primera instancia y aún deberá analizar un tribunal superior.
Lula negó todos los cargos y proclama su inocencia casi a diario. “Quiero probar que Moro erró, que mienten demasiado” sobre su presunta culpabilidad, declaró.