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La agente de Delitos Económicos aduce que se comprobó que hubo reconstitución de expedientes inexistentes; y que mediante informes técnicos adulterados, el Indert procedió a la concesión irregular de 7 hectáreas.
Además de Ortigoza, hay pedido de juicio oral y público para los beneficiarios del inmueble, Wilma Marina Fernández Mancuello, Manuel Fouz Trinidad, David Marino Chamorro López, Juan José Melgarejo Frutos y Luis Alberto Álvarez Giménez; además de los funcionarios del Indert Lic. Feliciano Romero Rodríguez y Juan Ramón Sosa Fretes.
El 10 de mayo de 2013, los beneficiados se presentaron en el Indert y mediante notas dirigidas al entonces presidente de dicha entidad pública (Ortigoza) solicitaron la reconstrucción de expedientes inexistentes, alegando falsamente que en los mismos se habían realizado trámites para la adjudicación de lotes pertenecientes al Indert, ubicados en el departamento de Canindeyú. Finalmente, las fincas resultaron ser del Refugio Biológico Mbaracayú.