Cinco años sin juicio a exfiscal

Las chicanas y la falta de sanciones disciplinarias hacen que el proceso por coima del exfiscal Gustavo Gamba esté con riesgo de prescripción y extinción de la acción penal, tras haber transcurrido cinco años de la iniciación del proceso. La fiscalía urgió por segunda vez a la Corte.

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En la Sala Penal de la Corte está pendiente de resolución una recusación contra los camaristas Arnulfo Arias, Bibiana Benítez y Carlos Ortiz Barrios, que ya data de marzo de este año.

El fiscal René Fernández presentó la semana pasada su segundo urgimiento ante la máxima instancia judicial.

Los integrantes del Tribunal de Alzada, a su vez, deben resolver la recusación contra el pleno del tribunal de sentencia, que está integrado por los jueces Liza Battilana, Rosarito Montanía y Lourdes Sanabria, que fue denunciado también por Gamba por supuesto prevaricato y coacción con la sola finalidad de que el juzgamiento no se realice.

De acuerdo a los antecedentes, Gamba fue imputado el 3 de junio de 2009 junto con el abogado Juan Enmanuel Portillo, y ambos fueron acusados el 4 de diciembre del mismo año.

La causa fue elevada a juicio oral por el juez Pedro Mayor Martínez el 11 de junio de 2010, cuya resolución fue confirmada por A.I. Nº 228 del 13 de agosto de 2010, Cámara de Apelaciones, Cuarta Sala, entonces integrada por Arnulfo Arias, Emiliano Rolón y Luis María Benítez Riera (hoy ministro de la Corte).

A partir de allí quedó firme la elevación y luego se produjeron seis suspensiones de juicio oral, generalmente por incidentes y recusaciones planteadas por las dos defensas.

La última fijación de juicio fue el 4 de febrero de este año, donde fueron recusados los miembros del tribunal de sentencia y luego los tres camaristas.

Están sin sanciones

El Ministerio Público ya solicitó en todas las instancias sanciones disciplinarias contra los abogados de Gustavo Gamba y del coacusado Juan Enmanuel Portillo, sin que la justicia se inmute.

El exfiscal y Portillo fueron acusados por un pedido de coima de US$ 120.000 al exdirector de Itaipú y exsenador colorado Víctor Bernal, para “blanquearlo” en un proceso abierto.

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