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La fiscalía acusó a Buzarquis de haber causado un perjuicio de US$ 600.000 al Estado, al firmar convenio con la empresa italiana ANAS, para estudios de suelos en el Chaco y el departamento de Ñeembucú. El convenio, del 2012, era innecesario porque el estudio había sido realizado con anterioridad. El político liberal atribuyó la acusación a una “persecución política” y anunció denuncia a la fiscala Victoria Acuña ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.