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La fiscala Yolanda Portillo, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, tuvo que remitir el 27 de mayo la carpeta fiscal del caso al ministro Sindulfo Blanco, quien solicitó los antecedentes por el término de 48 horas, pero no devolvió aún el expediente a la agente del Ministerio Público.
Sin embargo, hay un anterior pedido idéntico de la ministra Alicia Pucheta, quien devolvió en tiempo la carpeta fiscal.
La solicitudes de Pucheta y Blanco se realizan pese a que Portillo remitió antes un informe sobre la causa por presunta estafa. Este tipo de “pedidos” no son comunes en casos de estudios de simples recusaciones contra fiscales, según se supo.
Hay fuertes versiones en el Ministerio Público de que los ministros de CSJ quieren apartarse de la causa, teniendo en cuenta las presiones y maniobras que realiza el diputado colorado José María Ibáñez, quien no quiere perder la “posesión” de las tierras a través de su testaferro Speranza.
El inmueble consta de casi 4.000 hectáreas, que están ubicadas en la localidad de Mayor Infante Rivarola, distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.
La estancia hasta posee el nombre de una de las hijas de Ibáñez, “Victoria”.
Inclusive, el parlamentario, a través del supuesto “ganadero” y beneficiario de la Reforma Agraria Speranza, planteó un juicio en el fuero civil de “obligación de hacer escritura pública”, que se dirime en el juzgado del suspendido juez de Filadelfia, Fidelino Aquino García.
La “maniobra” en ese expediente tiene que ver con el hecho de que el Indert no contestó la demanda, y la accionante pidió el “decaimiento del derecho”.
El Indert había revocado la adjudicación del bien a pedido de otro comprador que se presentó y a raíz del escándalo de las publicaciones, es por ello que se impulsó el juicio en lo civil y comercial.
En el fuero penal, la fiscala Yolanda Portillo decidió imputar por estafa a Marcial Speranza Jara, atendiendo a que fue adjudicado irregularmente con el inmueble, durante la administración de Héctor Cardozo, en el 2008.
Speranza era funcionario de la Cámara de Diputados, con sueldo de G. 3 millones y pagó la suma de solo G. 160 millones por las tierras, con la promesa de invertir más de G. 2.000 millones, lo que nunca cumplió.