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La decisión fue dada a conocer después de casi cuatro horas de la audiencia de imposición de medidas, que se realizó a las 11:00 y que fue suspendida por unos 20 minutos porque los abogados defensores del citado reo no presentaron el certificado de dominio del inmueble ofrecido como garantía.
Según el escrito judicial, la medida de prisión preventiva obedece a que no se presentaron los documentos requeridos de la propiedad ofrecida como garantía real, valuada en G. 1.700 millones. Ello se debió a que el Abog. defensor Hugo López presentó ya vencido el certificado libre de gravamen del inmueble.
Según fuentes judiciales, la estrategia de la defensa era lograr que Alfonzo salga en libertad luego de la audiencia. Agregan que no se descarta que en los próximos días, una vez obtenido el certificado de libre de gravamen, se pida una revisión de las medidas para que Alfonzo salga del encierro.
Teniendo en cuenta que los abogados lograron separar en dos las causas de Alfonzo, una en la que está procesado por lesión de confianza (robo) por un supuesto perjuicio patrimonial de G. 883 millones a la Municipalidad, y otra en la que está también imputado por administración en provecho propio por G. 328 millones. Por este último caso fue que se presentó a la audiencia y se definió su prisión.
Juzgamiento trancado
El juicio por el desfalco de G. 885 millones supuestamente perpetrado por Alfonzo está paralizado desde hace cinco meses en la Cámara de Apelaciones, presidida por Ramón Martínez Caimén, donde aún no se resuelve el incidente de nulidad planteado por la defensa. La excusa de los representantes de Alfonzo y otros acusados es que se vulneró el derecho a la defensa de los mismos, al realizarse la imputación sin una indagatoria previa.
La citada argumentación fue rechazada en enero por el juez penal de Garantías Paublino Escobar, quien luego fue recusado. En esta causa están imputados, además del exintendente, su hermana y exadministradora de la Municipalidad, Carmen Cristina Alfonzo Prieto; la secretaria general y expareja sentimental de Gustavo Alfonzo, Lilian Fabiola Díaz Benegas; la actual administradora María Luján Leite Sánchez y los funcionarios Julia Teresa Agüero González, Omar Rodríguez Kunzle, Gustavo Amado Alfonzo Bello, Ramón Alfonzo Enciso Ingolotti y Alejandro Magno Núñez Insfrán, supuesto contratista.
La separación de las causas fue concedida por la jueza Blanca Báez, luego de que se presentara un incidente de “reposición en subsidio” por la defensa de Alfonzo. En el segundo allanamiento realizado a la sede de la Municipalidad se incautaron de 80 órdenes de pago por la compra de lubricantes y combustibles de la firma Manduvirá Servicios, perteneciente al hermano del intendente, Amado Alfonzo.
El monto de la negociación entre la entonces autoridad y su familiar supera G. 328 millones. Asimismo, las adquisiciones de los combustibles se realizaron directamente, cuando que el monto de la operación obliga a llamar a concurso de ofertas. Por esto Alfonzo fue imputado por administración en provecho propio y enriquecimiento ilícito.