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Es el resultado de la primera parte de la investigación abierta por las denuncias de fraudes presentadas por maestros contra las firmas Marithé SA, Trial SA, Muñequita SA, entre otras. Ambas fiscalas presentaron cargos ante el juez Alcides Corbeta por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
Según la imputación, la ujier y la oficial de justicia cumplían funciones ante el juzgado de paz en lo Civil y Comercial del distrito de la Encarnación a cargo del juez Felipe Acosta Schimitt.
El 6 de julio de 2014 el abogado Rolando Salinas inició una demanda de preparación de acción ejecutiva contra Nidia Elizabeth Gómez de Obregón, por la suma de G. 6.950.000.
Presentó un pagaré a la orden de Salinas. Tenía una firma ilegible atribuida a Gómez.
La ujier llevó la notificación al Ministerio de Educación, pese a que la demandada reside en San Ignacio-Misiones.
La misma situación se dio con el mandamiento de intimación de pago y embargo ejecutivo que la oficial de justicia Ana González supuestamente notificó a la demandada el 5 de noviembre de 2014, en el domicilio ubicado sobre Montevideo 571. Inclusive consigna un escrito en el que Nidia Gómez dice reconocer la deuda pero que no tenía medios para pagarla. Sin embargo, la demandada dijo que nunca conversó con esa funcionaria y que tampoco fijó domicilio en ese lugar.