Cargando...
La fiscala Juliana Giménez explicó que la Cámara no tuvo en cuenta que Duarte fue declarado rebelde, es decir, que no se sometió a los mandatos de la justicia.
El encausado fue capturado por la Policía de Alto Paraná; no es que se puso a disposición de los investigadores para que ahora pueda ser beneficiado con el arresto domiciliario.
Además, el involucramiento de Duarte en el esquema es el más importante, ya que es sindicado como el creador del esquema, mediante el cual empresas ficticias remesaron más de US$ 600 millones al exterior a través de los bancos Sudameris, Regional, BBVA y Continental, entre los años 2010 y 2011, en abierta violación a disposiciones antilavado.
La fiscal Giménez también manifestó que Duarte ejerce dominio sobre los demás imputados, diez de los cuales continúan prófugos, y que actuaban bajo la dirección del exdueño de la Consultora Manager, donde se crearon las empresas de portafolio. “Es decir, que está latente el peligro de obstrucción a la investigación. Este hecho imposibilita que el procesado sea beneficiado con una medida menos gravosa”, añadió la agente.
Antecedentes
En la causa había una veintena de imputados, quienes habrían creado personas jurídicas o firmas a fin de facilitar la realización de transacciones o remesas al extranjero, habilitando cuentas corrientes en los bancos de plaza de Ciudad de Este y agencia de Hernandarias, tales como BBVA, Sudameris, Regional y Continental.
Para justificar las remesas habrían utilizado facturas proformas de supuestos proveedores; y en cuanto al origen de la suma a ser remesada, presentaban declaraciones juradas de IVA e Iracis adulteradas.
Las firmas ficticias Strong, Muñe, Manhattan, MH Electrónica, Braex Import Expor, American, Ninfaplus, Mega Tech, Mart-Gony y otros habrían sido creadas con el fin de ocultar el origen del dinero remitido al exterior.
El 2 de noviembre de 2011 una exfuncionaria de la casa de cambios Forex denunció ante la Superintendencia de Bancos los envíos de dólares que serían ilegales.
Se aguarda que la Corte audite la gestión de los camaristas.