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El agente de Delitos Económicos solicitó también que los abogados defensores sean citados bajo apercibimiento, debido a que tampoco comparecieron en la víspera. Solo acercaron un pedido de suspensión con un certificado médico de reposo por ocho días, que no tiene fecha.
Para Piñánez, la documentación que acercó la defensa del exjefe comunal no justifica la incomparecencia porque no consta siquiera la fecha de expedición.
El exintendente lambareño dilata su proceso penal por los hechos punibles de lesión de confianza, exacción y producción de documentos no auténticos desde el 2007, con diferentes chicanas.
El último recurso que utilizó fue enfermedad, con un presunto cuadro de accidente cerebrovascular. Sin embargo, en abril del año pasado una junta médica determinó que si bien el estado de salud es grave,
Martínez puede enfrentar su preliminar si se somete a un tratamiento adecuado. Esto determinaron los forenses Celia Vázquez, del Ministerio Público, y Milciades Osorio, del Poder Judicial.
El exfiscal anticorrupción Arnaldo Giuzzio constató un perjuicio de G. 2.600 millones, perpetrado mediante el desvío de tributos y la sobrefacturación en obras varias, durante el período 2002-2006.
La irregularidad se materializó a través de las siguientes modalidades: G. 750 millones corresponden a una caja paralela que había en el municipio; otros G. 970 millones a desvíos que se registraron en el Departamento Fitosanitario de Salubridad, y G. 880 millones a sobrefacturaciones en obras de construcción de pavimentos, puentes y muros de protección.
Por el hecho también fueron procesados otros exfuncionarios comunales.