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El 12 de abril pasado, la Sala Constitucional de la Corte confirmó la revocación de la extinción que había sido favorecido por la jueza penal de garantías Lici Sánchez.
El exjuez procesado viene sistemáticamente suspendiendo su audiencia preliminar. El pasado 3 de febrero, Martínez Cañete suspendió su audiencia preliminar con un certificado médico en el que constaba que padecía de bronquitis. Esta audiencia debió realizarse ante la jueza de sentencia Blanca Gorostiaga.
En agosto de 2007 el juez penal de garantías Rubén Ayala Brun había rechazado la acusación fiscal y otorgó sobreseimiento definitivo a Martínez, fallo ratificado por la Cámara, pero posteriormente anulado por la Corte Suprema en el 2013.
El proceso por coima se inició en el 2006 y la acusación data de ese mismo año.
El abogado Héctor Torres denunció el pedido de coima de US$ 3.000 para liberar de las rejas a su cliente de un proceso por homicidio culposo tramitado en el despacho del juez Hugo Sosa Pasmor, que interinaba en ese entonces el recientemente nombrado juez de garantías Roberto Martínez.
El practicante de su juzgado, Osvaldo Britos, quien recibió US$ 1.500, parte del dinero solicitado supuestamente por el magistrado para favorecer al procesado, confesó el hecho e involucró al juez. Sin embargo, el magistrado refirió en su defensa, que no tienen ninguna implicancia en el hecho registrado.
El fiscal Luis Lionel Piñánez tiene actualmente la causa.
El fiscal anterior de este dilatado proceso fue Arnaldo Giuzzio, según los antecedentes del proceso.