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En un principio, la fiscala Ocampos imputó a Nativo Rocha Da Lapa por el desmonte de más de 800 hectáreas registrado en la estancia de su propiedad. Posteriormente, la agente del Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo del ciudadano brasileño, porque supuestamente no pudo comprobar que haya participado en la comisión del hecho punible.
Ocampos señaló igualmente que Rocha Da Lapa otorgó en locación a Eulogio Rojas la fracción de tierra para realizar trabajos, mediante un contrato de arrendamiento del 2 de junio de 2014. La agente del Ministerio Público no brindó más detalles sobre este documento, que fue clave para blanquear al dueño de la estancia y que sería una práctica común, en los casos de delitos ambientales, precisamente para desvincular del proceso a personas con mucho poder económico.
La fiscala dijo que también fueron llamados a declarar los guardias de la estancia, quienes manifestaron que no conocen a Rocha Da Lapa y que nunca lo vieron por el lugar. Igualmente, hizo referencia a un informe de la Comisaría 18 de Nueva Conquista, del 6 de marzo de 2015, que refiere que en la estancia Timburí nunca se ha visto ni encontrado a Rocha Da Lapa, pero sí a Rojas.
El pedido de sobreseimiento definitivo fue solicitado el 1 de abril pasado por la fiscala Ocampos.
La jueza Eresmila Román Paiva le dio trámite de oposición y el 4 de junio pasado el fiscal adjunto de Delitos Ambientales ratificó el blanqueo de Rocha Da Lapa, resaltando de nuevo el contrato de arrendamiento, que debería ser revisado por la Fiscalía General del Estado y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para ver si los dos agentes actuaron conforme a la ley o se prestaron a la maniobra para el grosero blanqueo del desmonte de más de 800 hectáreas de bosque nativo.
Ahora el único acusado es Rojas, quien tiene una expectativa de pena de 3 a 8 años de prisión. Pese a la gravedad del daño causado y la elevada expectativa de pena, en la audiencia preliminar la fiscala Ocampos se allanó al pedido de la defensa para cambiar la calificación y evitar el juicio oral y público. Específicamente, lo que la defensa pretende es que Rojas sea condenado a 2 años de cárcel y esta pena sea suspendida, mediante el cumplimiento de reglas de conducta y una supuesta reparación del feroz daño ambiental, con el pago de G. 30 millones.
En junio del año pasado el intendente de Itakyry, departamento de Alto Paraná, denunció el desmonte y solicitó la urgente intervención del Ministerio Público para evitar daños mayores al ambiente.