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La agente también resolvió emplazar, por el mismo tiempo, al presidente de la Cámara de Diputados, Juan Bartolomé Ramírez, para que el mismo remita las planillas de sueldos y antecedentes de contratación de Marcial Esperanza Jara, quien es funcionario de la Cámara Baja con un salario de G. 3 millones.
A su vez, Portillo decidió intimar por 72 horas al contralor general de la República, Óscar Rubén Velázquez, quien tiene pendiente remitir las declaraciones juradas del funcionario investigado por supuesto enriquecimiento ilícito y estafa.
La fiscala de Delitos Económicos tomó esta determinación ante la nula respuesta a oficios que remitió a principios de este mes, y que no fueron contestados por el Indert, la Cámara de Diputados y la Contraloría.
La investigadora, quien interina en esta causa a su colega René Fernández, realiza las primeras diligencias para determinar si Esperanza Jara posee el patrimonio suficiente para la adquisición de 3.999 hectáreas del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), y canceló el pago por del lote con G. 119.746.449, pese a que percibe un salario de G. 3 millones.
En la Cámara Baja se confirmó que el supuesto secretario de José María Ibáñez cumple ahora funciones con el diputado colorado Néstor Ferrer, correligionario del primero.
El propio Ibáñez reconoció en un primer momento que Esperanza era su “asistente”, aunque después dijo que es un líder (colorado) de Villa Elisa y funcionario asignado al despacho de su colega Néstor Ferrer.
Sin embargo, en realidad se trataría de un prestanombre de Ibáñez.
Estas sospechas cobran fuerza porque Esperanza, que tiene un salario de G. 3 millones, debe cumplir, en un periodo de cuatro años, con inversiones de G. 1.197.500.000, de acuerdo al Estatuto Agrario. El Ministerio Público abrió de oficio una pesquisa por supuesto enriquecimiento indebido.