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El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, designó el viernes a la tarde al fiscal Guerrero en el caso de un perjuicio de G. 6.000 millones a la Secretaría de la Niñez. Fue ante la recusación de todos los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos, incluido el adjunto Federico Espinoza, por la procesada proveedora del Estado, Nancy Godoy.
La recusación en masa sería parte de una maniobra para la designación de un fiscal a medida, que pueda blanquear el despojo.
Guerrero tiene que asistir el martes a la audiencia preliminar en el juzgado a cargo de la jueza Rosarito Montanía. El agente del Ministerio Público deberá sostener o no la acusación contra Godoy, el exministro de la Niñez José Orué Rolandi y otros procesados.
Según fuentes, Guerrero, que fue nombrado a último momento, podría allanarse al pedido de la defensa de Godoy, que solicitaría el sobreseimiento definitivo de la proveedora del Estado.
Para blanquear a la acusada se estaría ejerciendo una fuerte presión desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Específicamente se menciona al titular de dicho órgano, senador colorado Óscar González Daher.
La recusación de todos los fiscales de Delitos Económicos es un fuerte indicio de que todo se trata de una maniobra para dejar impune el caso, así como aseguran nuestras fuentes.
Para concretar el blanqueo se viene maniobrando hace rato. Primero fue recusado el juez Julián López, luego de apartó de la causa su colega José Delmás y ahora se pondrá a prueba a la jueza Montanía, quien tiene la facultad de oponerse al pedido de sobreseimiento definitivo y remitir el caso al fiscal general del Estado.
La fiscala adjunta Soledad Machuca fue asignada en sustitución del adjunto Federico Espinoza, quien también fue recusado.
Los antecedentes
El fiscal Luis Piñáñez había presentado la acusación en febrero del año pasado, ante la recusación que radicó Nancy Godoy contra la fiscala Josefina Aghemo.
Godoy, de la firma Granos y Aceites, fue adjudicada tras una licitación pública para la adquisición de insumos alimenticios destinados a niños y adolescentes que viven en las calles en situación de extrema pobreza y que son beneficiarios de los programas “Abrazo” y “Painac”.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, se debía cubrir desayuno, almuerzo y merienda para los 54 centros abiertos comunitarios y de protección. Sin embargo, solo se habría entregado una mínima parte de las mercaderías con la complicidad de funcionarios de la Secretaría de la Niñez.
Proveedora hace años
Nancy Godoy opera como proveedores del Estado desde hace más de 15 años. Es beneficiada con millonarios contratos en diferentes instituciones públicas, como el Ministerio de Justicia, Dirección de Intendencia del Ejército, Secretaría Nacional Antidrogas, Ministerio de Educación, Secretaría de Emergencia Nacional, Cámara de Diputados, Gobernación de Caaguazú, Secretaría de la Niñez, Ministerio del Interior y la Policía Nacional, entre otras.
Godoy ya había sido imputada por la fiscala Alba Delvalle, quien habló de un feroz esquema montado entre proveedores del Estado y funcionarios para robar al Estado.