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La máxima instancia judicial tomó la determinación de iniciar el sumario y remitió los antecedentes a la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, tras la denuncia que realizó la Coordinadora de Abogados del Paraguay.
Kattya González, titular de este gremio, puso a conocimiento de la prensa que el juez Franco Villasanti vendía mandamientos judiciales para secuestros de vehículos.
González también acusó que este magistrado firmaba resoluciones del menor en blanco.
“Cobra entre G. 200.000 y G. 300.000 por los mandamientos, y en el caso de vehículos de gran porte pide unos G. 3.000.000. Incluso, no respeta la jurisdicción ya que toma juicios iniciados en otros departamentos”, indicó la abogada.
Para que sirva de escrache ciudadano, González dijo que incluso llegó a grabar al magistrado para “viralizar” la coima en las redes sociales.
En la mafia de la venta de sentencias y mandamientos están involucrados estudios jurídicos y playas de venta de vehículos, dijo la titular de la Coordinadora.
Además, González manifestó que el presidente de la Circunscripción Judicial de Cordillera es el ministro Sindulfo Blanco, quien recibió muchas denuncias, no solo contra este juez, sino contra otros más, pero no tomó medidas de ninguna clase.