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Mientras que Judith Andraschko, sentenciada a 5 años de cárcel por el perjuicio de más de G. 1.600 millones en la Secretaría de Acción Social (SAS) con compras de inmuebles inservibles, fue remitida la semana pasada al Buen Pastor por orden de la jueza Yolanda Morel, a pedido de la fiscala Celia Beckelmann.
La magistrada Llanes explicó que tiene en cuenta una aclaratoria que está pendiente en la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Sin embargo, en esa secretaría informaron que el 25 de junio pasado el ministro Antonio Fretes remitió el expediente principal y se quedó con las compulsas, porque la “sentencia se encuentra firme”.
Lezcano, exdirector del programa Pra-Tierra de la SAS, había promovido una inconstitucionalidad contra la resolución de la misma Corte que rechazó su inconstitucionalidad.
En esta última ocasión fue sancionado por la Corte con la prohibición por 6 meses para ejercer la profesión de abogado.
Con esa sanción, Lezcano volvió a plantear una aclaratoria para saber si abarca solo este juicio y no otros que patrocina como profesional. La Sala Constitucional integrada por Fretes, Gladys Bareiro y la camarista Antonia López no se expide sobre ese planteamiento.
Mientras tanto Lezcano computa su pena desde su casa, con un arresto domiciliario que se equipara a la prisión.