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La causa “Eugenio Patrocinio Escobar Cattebeke y otros sobre lesión de confianza” es una clara muestra del tortuoso camino que debe recorrer la fiscalía para evitar la impunidad que caracteriza a los procesos impulsados contra personas con poder político y económico.
Lograr el sometimiento de Escobar al proceso iniciado en el 2003 fue el primer “round”, pues ni bien fue imputado, el político renunció a su cargo de gobernador para asumir como diputado, con lo cual logró mantenerse al margen del proceso por cinco años. El estudio de la rendición de cuentas por parte del Tribunal de Cuentas también demoró la investigación penal.
Una vez sometido a proceso, realizar la audiencia preliminar fue toda una odisea, a causa de una serie de chicanas que aplazó la audiencia cinco veces.
El juicio oral se realizó en el 2009 y en el mismo el político fue sentenciado a 2 años y 6 meses de prisión, fallo ratificado por la Corte Suprema de Justicia el 21 de diciembre del mismo año.
Cuando el expediente ya estaba en un juzgado de ejecución, se reabrió la discusión. El 15 de abril pasado, la jueza Leticia Fracchi archivó el caso, tras declarar “operada la prescripción de la sanción penal y la extinción de la acción penal”. El 8 de octubre pasado los camaristas Estigarribia y González ratificaron el fallo, con la disidencia de Lucio Portillo.
“Finalmente, en razón de lo precedentemente expuesto, examinando el fallo a la luz de la legislación positiva y la doctrina se puede afirmar sin temor a equívocos que el Tribunal de Alzada cometió una grave equivocación, al sustentar un criterio jurídico erróneo y aplicar, en consecuencia, en forma arbitraria, una disposición antijurídica implicando una ultraactividad de la misma, sin que ello haya estado expresamente autorizado por la norma, sino que esta dispone lo contrario de lo que ellos interpretan”.
LOS ANTECEDENTES
El 14 de mayo de 2009 Escobar Cattebeke fue sentenciado a 2 años y 6 meses de cárcel, tras ser declarado responsable de un desvío de G. 1.300 millones en el año 1999, dinero que debió ser utilizado en obras y merienda escolar.
La fiscala Artemisa Marchuk sostuvo en juicio que el perjuicio ocasionado a la gobernación era de G. 2.600 millones y pidió una condena de 6 años de prisión.
La Cámara elevó la condena a 4 años y 6 meses, fallo que quedó sin efecto con el dictado el 21 de diciembre por la Corte Suprema de Justicia, que ratificó la sentencia de primera instancia.
Exadministrador, libre
El exgobernador Eugenio Escobar Cattebeke no fue el único procesado por el millonario desvío en la gobernación en el año 1999.
También han sido acusados por este caso Cecilio Estigarribia Anzoategui y Óscar Guillermo Gaona Brítez, exadministrador y exsecretario de la gobernación, respectivamente.
El primero quedó fuera del proceso por extinción de la causa, mientras que el segundo fue condenado a 4 años de prisión por producción de documentos no auténticos. Cabe recordar que en un primer juicio Gaona fue absuelto, pero este fallo fue anulado y se ordenó la realización de un nuevo juicio.
Por otro lado, el 17 de marzo de 2003 el Tribunal de Cuentas rechazó la rendición de cuentas del año 1999 y ordenó a Escobar devolver G. 420 millones.