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Uno de los primeros beneficiados por el Ministerio Público fue el imputado Silvio Velázquez Espínola, cuyo sobreseimiento lo solicitó la fiscala Rocío Cantero.
Luego de este pedido, y a raíz de las sospechas de blanqueo, Cantero fue recusada por una de las querellas. Entonces, la Fiscalía General designó como interina a Silvana Otazú de Alarcón, quien firmó el pedido de sobreseimiento provisional de Dionisio Enciso, otro imputado de la causa.
La llamativa postura de las agentes del Ministerio Público fortaleció las sospechas de que se estaba allanando el camino para sobreseer a los principales imputados, los esposos César Menchaca y Rosana Morel Bordón, dueños de la firma, que fueron procesados por la fiscala Stella Cano.
La maniobra consistió en la recusación de Cano por la defensa, para que la carpeta quede a cargo de Cantero Vera, quien precisamente solicitó el primer sobreseimiento.
Cantero había sido denunciada ante el Jurado por Miguel Ángel Pratt por presunto mal desempeño. Otra denuncia se radicó en la Inspectoría del Ministerio Público.
Según la imputación, el 13 de abril del año pasado se produjo el asalto a la firma, en el que los propietarios y sus dos hijos fueron reducidos; se identificaron 26 cajas que fueron violentadas.
Añade que dos días después los propietarios declararon que en compañía de un funcionario administrativo detectaron que otras 12 cajas habían sidn violentadas.
Dijeron que estaban cerradas, pero no llaveadas. Esta versión no resulta creíble para la Fiscalía, que habla de otros elementos que fortalecen sus sospechas contra la pareja.