Senador brasileño promete ayuda de su país para liberación de Arlan

El senador brasileño Álvaro Fernandes Dias, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), prometió ayer al colono de Paso Tuyá Álcido Fick articular todos los mecanismos necesarios para que su país intervenga en el proceso de liberación de Arlan Fick Bremm (17).

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El legislador brasileño, uno de los políticos más veteranos y respetados de su país, se reunió ayer de tarde en el hotel Bourbon de Luque con el padre del menor secuestrado hace 217 días.

Del encuentro también participó el senador paraguayo Arnaldo Giuzzio, del Partido Democrático Progresista (PDP).

Según los datos, Álvaro Fernandes Dias mencionó un interés del Gobierno brasileño en ayudar a materializar la liberación de Arlan, quien permanece en poder del grupo terrorista Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en un mismo campamento donde también sigue retenido el suboficial 2° de Policía Edelio Morínigo Florenciano.

Sin embargo, el parlamentario extranjero aclaró que con esta iniciativa su Gobierno tampoco pretende inmiscuirse en los asuntos internos del Paraguay y mucho menos violar su soberanía.

El ofrecimiento formal de ayuda proveniente del representante del Gobierno del país vecino se produjo en coincidencia con el pedido hecho por el mismo menor secuestrado, quien en un video grabado en el monte, el 18 de octubre pasado, dijo que “yo pido la mediación del Gobierno brasileño para que garantice mi vida una vez que la guerrilla me libere”.

Según se entiende en el mensaje leído por Arlan, los miembros del EPP temen que una vez que liberen al menor los propios policías y militares lo asesinen para culpar a los secuestradores y dejarlos mal parados ante la sociedad.

Desde que se inició el secuestro de Arlan, el 2 de abril pasado, y después con el plagio de Edelio, ocurrido el 5 de julio pasado, en más de una ocasión se intentó conseguir la cooperación del Gobierno de Brasil para ayudar a localizar a los criminales y rescatar a los cautivos.

Pero todos los proyectos fueron desechados por el mismo Gobierno paraguayo, debido a una supuesta inconstitucionalidad.

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