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Fernández realizó la audiencia preliminar de Silvio Ortega, Gustavo Adolfo Ramírez Paredes (este era director administrativo de Senepa); Gustavo Adolfo Bordón, exjefe de tránsito; Lucio Carlos Benítez, exjefe de zonas operativas, y Juan Emilio Salas, asistente de Benítez.
El fiscal de Delitos Económicos Martín Cabrera acusó porque los citados presentaron de forma irregular rendiciones por uso de combustibles y cobro de viáticos por viajes no llevados a cabo. El agente habla de un daño de G. 1.070.566.155 entre el 2013, 2014 y 2015.
Los hechos punibles consignados por el titular de la acción son lesión de confianza, producción y uso de documentos públicos de contenido falso y cobro indebido de honorarios.
Durante la audiencia preliminar, los acusados intentaron una salida alternativa al proceso.
De esta forma, Silvio Ortega planteó a través de sus abogados Angelina Luna y Jorge Bogarín la suspensión condicional del procedimiento, que significa la aceptación de los hechos.
El fiscal Cabrera se allanó a la solicitud, pero discrepó sobre el monto ofrecido debido a que el principal acusado pretendía realizar la donación de G. 80 millones como reparación del daño.
Cabrera indicó que en realidad correspondían más de G. 476 millones y se opuso a la suspensión.
Finalmente, el juez Tadeo Fernández decidió elevar la causa a juicio oral y público.
La investigación fiscal detectó cobro indebido de viáticos para viajes no realizados, algunos de los cuales consignaron vehículos que se encontraban en desuso (en total 14 camionetas).
El fiscal Cabrera efectuó allanamientos en torno al caso y encontró dos camionetas en un taller ubicado en San Lorenzo y que aparecían con órdenes de trabajo para fumigación o viajes de larga distancia, cuando en realidad estaban en desuso.
Otro sistema utilizado era anexar horas de viajes a vehículos para justificar las salidas de combustibles y viáticos cobrados.
Ministerio pidió juicio
El ente perjudicado, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, del cual depende Senepa, a través de un representante legal que participó ayer de la audiencia preliminar solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público, y se opuso, como querellante adhesivo, a la suspensión condicional. El perjuicio en el caso fue de G. 1.070.566.155.