Abogada afirma que el Estado miente a la CIDH sobre el caso de la “Niña Mainumby”

La Misión Permanente del Paraguay ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), que funciona en Washington DC, es la encargada de brindar los informes. Esta es liderada por la embajadora Elisa Ruiz Díaz, el ministro José Eduardo Pereira Sosa, la ministra Inés Martínez Valinotti y el segundo secretario Luis Carlos García Escobar.

En el documento N° 963/15 /MPP /OEA, de fecha 3 de agosto de 2015, el Estado paraguayo informa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia estuvo implementando un plan de acompañamiento y realizó acciones en el marco del mantenimiento del vínculo familiar de la niña con su madre y otros miembros de su familia.

Sobre este punto, familiares de la “Niña Mainumby”, representados por su abogada Elizabeth Torales, aclararon que la Secretaría de la Niñez lo único que ha hecho es poner a disposición una camioneta para el traslado eventual de la mamá de la pequeña al hogar maternal de la Cruz Roja y ha mantenido un par de reuniones para conocer la situación de la familia y las posibilidades de reinserción. Sobre todo, asegura Torales, se indagó sobre las habilidades de los hermanos de la madre para la construcción de una pieza. Se generó un informe al Juzgado (que no produjo ningún cambio en la situación de la niña) sobre la reinserción y la vivienda.

También, en uno de los párrafos, reza el documento del Estado:

“-Proyecto de microempresa: La madre ha iniciado su negocio de venta de comidas en su domicilio.

-Proyecto de ampliación de la vivienda (en proceso).

-Subsidio para la familia – Solicitud de inclusión en el Programa Tekoporã de la Secretaría de Acción Social (en proceso), y que ya realizaron a la familia de la niña el censo correspondiente y el Índice de Calidad de Vida (ICV)”.

En una parte de un comunicado que emitieron la semana pasada la madre de la niña y la abogada Torales, explican que la mujer solo recibió del Estado, una única vez, la suma de G. 500.000 y que no existe ninguna “microempresa”. Hasta que fue enviada a prisión por violación del deber de cuidado y abuso sexual en niños (complicidad) el 27 de abril, la madre se dedicaba a vender empanadas. Permaneció en la cárcel del Buen Pastor hasta el 19 de junio. Desde entonces no pudo reanudar su trabajo, debido a la necesidad de acompañamiento permanente a su hija. Actualmente no cuenta con ingresos de ningún tipo.

“El Estado paraguayo generó procesos que volvieron a revivir la situación traumática en nombre de la protección. Primeramente ha fallado en la detección del abuso y del embarazo y, una vez detectado este, la ha encerrado (a la niña) privándola de toda relación con el mundo exterior, su rutina, sus pares, familiares, constituyéndose, lejos de una protección, en una grosera violación de derechos, tanto de la niña como de la madre y todo su entorno familiar”, dice el comunicado.

Silencio del Estado

Para verificar cuáles son las instituciones del Estado paraguayo que forman parte de la elaboración de los informes aludidos, ayer tratamos de comunicarnos con Juan Miguel González Bibolini, director de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería. Sin embargo, el funcionario no atendió a ninguno de los llamados.

De acuerdo a las informaciones a las que pudimos acceder, las instituciones que elaboraron los informes desmentidos por la familia de la niña y enviados a la CIDH son la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Salud Pública, la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, la Secretaría de Acción Social y la Cancillería Nacional.

En el mes de junio, el Estado paraguayo envió a la CIDH el informe N° 804, en el que presentó un pedido de confidencialidad. Uno de los párrafos señala: “El Estado paraguayo solicita se inicie un diálogo directo al más alto nivel entre el Estado paraguayo y la CIDH, bajo cláusula de acuerdo mutuo de confidencialidad, con el consiguiente resguardo de la más absoluta reserva sobre el asunto de la “Niña Mainumby”, conforme al artículo 12, numeral 3, del Reglamento que dispone: ‘El Secretario Ejecutivo, el Secretario Ejecutivo Adjunto y el personal de la Secretaría Ejecutiva deberán guardar la más absoluta reserva sobre todos los asuntos que la Comisión considere confidenciales’”.

De esta manera, el Estado paraguayo habría pretendido que las organizaciones sociales y de derechos humanos que acompañan el caso de la “Niña Mainumby” no pudieran conocer el contenido de sus informes. Este pedido obtuvo una respuesta negativa de parte de la CIDH.

La representante de la familia, Elizabeth Torales, afirma que no se toman en cuenta los deseos de la madre y la niña y que tampoco fue garantizada la protección debida. Además, asegura, siguen atemorizando y amenazando a la madre con la posibilidad de retornar a prisión.

clopez@abc.com.py