Con amenaza de muerte buscan evitar plan contra robo de papelería

El principal directivo de la empresa Álamo, quien solicitó a la DNCP que las resmas de papel adquiridas por el Estado lleven la leyenda “Prohibida su venta”, fue amenazado de muerte junto con su familia luego de hacer la petición. Existe una rosca que se dedica a la reventa de papelería adquirida por el Estado conformada por funcionarios y proveedores que se oponen a la transparencia en las compras de resmas, advirtieron.

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La empresa Álamo detectó que sus propios productos de papelería se estaban ofreciendo en el mercado negro a precios inferiores al de valor real. Hicieron sus averiguaciones y se dieron cuenta de que estas mercaderías eran las que entregaban a las instituciones públicas en el marco de las licitaciones. “Quisimos identificar a los vendedores para llegar luego a los responsables directos, pero la información se filtró y los involucrados evitaron contacto con nosotros”, comentó Mónica González, directiva de la empresa Álamo, al explicarnos que fue así que decidieron solicitar que los envoltorios de las resmas lleven la leyenda “Prohibida su venta - Producto del Gobierno Nacional”.

Agregó que la petición fue hecha ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en febrero de este año, aunque el pedido fue ignorado por 8 meses. “El pedido para que se incluya la leyenda mencionada, que la hicimos en febrero, derivó en una amenaza de muerte contra Daniel Maldonado, presidente de Álamo SA. Lo llamó una persona a su celular y advirtió que lo mataría a él y su familia si seguía insistiendo en el tema. El que llamó hablaba en portugués y casualmente las empresas brasileñas son las que proveen las resmas a la mayoría de los proveedores. Nosotros traemos el papel de Portugal y hacemos nuestras resmas. El caso ya fue denunciado a la Fiscalía”, dijo González.

La petición de Álamo a la DNCP recién fue atendida en octubre ante la insistencia de la empresa y en medio de otro proceso de licitación. La respuesta del órgano de control fue negativa, bajo el argumento de que incluir la leyenda en los paquetes podría hacer variar los precios y afectaría la libre competencia.

“Lo que nos preguntamos es cómo los medicamentos que adquiere el Ministerio de Salud e IPS, importados y de producción nacional, pueden llevar los mensajes de ‘Prohibida su venta’ para reducir los riesgos de que terminen en el mercado negro y las resmas no tienen ese mismo tratamiento, pese a que se sabe que varios terminan vendiéndose en forma irregular. Cómo los útiles que vienen en el kit escolar del Ministerio de Educación tienen también esta leyenda y con la papelería no tienen el mismo trato”, se preguntó la directiva.

Resaltó que Álamo insistirá con su solicitud de transparencia para procesos licitatorios futuros. “Los proveedores que importan las resmas de Brasil pueden encargar que los envoltorios lleven la leyenda, pues es un mensaje genérico, y tenerlos en sus depósitos. Desde la propia DNCP nos señalan de querer acaparar las licitaciones, demeritando así nuestro deseo de transparentar. Álamo no tiene capacidad de producción para abastecer la demanda del Estado, que no es nuestro único cliente, por lo que mal podemos nosotros tener esa intención de la que nos señalan”, destacó González.

Desde 2014 y hasta este año el Estado adquirió resmas de papel por G. 75.000 millones. Funcionarios del área de Servicios Generales de algunas instituciones del Gobierno comentaron a ABC que existen varias formas de lucrar con los útiles de oficina y sobre todo con las resmas de papel. Como ejemplo señalaron que cuando las compras son grandes las entregas del paquete de resmas adquiridas no se hacen de una vez.

Es así como se comienza a comercializar en el mercado negro con los lotes de mercadería ya comprometidos en los contratos con las instituciones públicas. “Si un ministerio compra 4.000 resmas y la empresa beneficiada con el contrato y con capacidad de almacenamiento entrega solo el 40% de lo adjudicado. Mientras espera entregar el resto, comienza a hacer trabajar la mercadería restante, vendiendo a minoristas a precios mayoristas. En otros casos, esto lo hacen los propios funcionarios encargados de las adquisiciones y jefes de depósitos”, señalaron nuestras fuentes.

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