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La delegación paraguaya llevará a la cumbre climática de París el compromiso del control de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y para ello asume la responsabilidad de iniciar acciones que están incorporadas en un Plan nacional de desarrollo 2014-2030.
Entre los compromisos están en lograr: transporte multimodal eficiente, control efectivo de la deforestación, aumentar los ingresos por venta de carbono, aumentar los ingresos nacionales por venta de servicios ambientales, aumentar el consumo de energías renovables, reducción del consumo de combustible fósil y aumento de la eficiencia en los sistemas productivos agropecuarios.
Para el cumplimiento de estos compromisos, el Gobierno proyecta tres líneas de acción bien definidas: la primera es desarrollar una matriz energética sostenible; la segunda, la incorporación de tecnologías para la explotación de nuevas fuentes de energía sostenible, como la solar, eólica y la biomasa.
La tercera línea propuesta es la de promover el manejo sostenible de los ecosistemas forestales e impulsar actividades de forestación y reforestación.
Estos objetivos nacionales fueron presentados el viernes último por el ministro de la Secretaría del Ambiente (Seam), Rolando de Barros Barreto, y sus asesores y funcionarios del sector cambio climático, durante un encuentro con la prensa en el Villa Morra Suites.
También fueron presentadas las contribuciones nacionales que promete cumplirlas nuestro país ante las Naciones Unidas y los acuerdos ambientales sobre cambio climático. Dichas contribuciones se refieren a los esfuerzos que hará el país para controlar las emisiones de GEI.
¿Utopía o realidad?
Aunque el documento país promete mucho, en la práctica no condice con la realidad, debido a que la deforestación sigue incontrolada, lo que ubica a Paraguay entre los tres países de más alta tala indiscriminada de bosques.
Tampoco existe un desarrollo de otras opciones de fuentes energéticas renovables, como la eólica y solar, principalmente. La biomasa se sigue utilizando en muchas viviendas de familias campesinas del país así como de las industrias como Acepar, hornos secadores de yerba mate, las industrias de caña, alcohol y de azúcar, por citar algunos ejemplos.
En cuanto a la venta de servicios ambientales, también es una deuda pendiente, ya que muchos poseedores de estos títulos o certificados no pueden lograr beneficios por sus bosques en pie. Es una lucha en que desde el Gobierno eluden en el cumplimiento de esta modalidad aprobada por ley pero dilatada en forma adrede.
Respecto a la venta de carbono, en el mercado internacional del sector, no reviste mucha esperanza ya que nuestro país presentó tan solo dos proyectos para lograr recursos en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto, lo que puede considerarse de un fracaso nacional como negociador dentro de dicho mercado.
En estas cumbres climáticas lo que nuestro país debería aprender es no llevar bellas y coloridas promesas para agradar a la comunidad internacional, sino a buscar estratégicamente cómo puede atraer recursos para proyectos que los países industrializados necesitan financiar para compensar su tremenda carga de emisiones de GEI.
walberto@abc.com.py