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El negocio de la venta de resmas de papel robadas a instituciones públicas mueve aproximadamente US$ 1.750.000 (unos G. 11.375 millones) cada año en el mercado negro y beneficia a empresas brasileñas, proveedores y funcionarios infieles, indicaron firmas del sector. Una de las propuestas de reducir esta irregularidad nació de la empresa Álamo, que solicita desde inicios de año a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) que los envoltorios de las hojas de papel tengan la leyenda: “Propiedad del Gobierno Nacional-Prohibida su venta”, tal como se usa en los medicamentos del Ministerio de Salud e IPS, además de la merienda escolar y los kits escolares encargados por Educación.
El pedido inicialmente fue ignorado por Contrataciones, a cargo de Santiago Jure, pero ante la insistencia de la empresa Álamo, la institución que controla las compras públicas respondió que no se puede implementar el uso de etiquetas que señalen que las resmas son propiedad del Gobierno y que está prohibida su venta. Argumentó que el sistema que se usa para la adquisición de papelería no es un proceso abierto, sino se utiliza un sistema de oferta virtual y que un eventual requerimiento de uso de leyendas podría afectar el concurso de precios.
El pedido realizado por los directivos de Álamo SA molestó a la rosca de reventa de papelería robada, que reaccionó con una amenaza de muerte a Daniel Maldonado, presidente de la citada empresa. El hecho fue denunciado a la Fiscalía.
Hace más de un mes, Álamo también solicitó el apoyo a la Contraloría General de la República (CGR) en la campaña nacional de transparencia en las licitaciones del Estado en la compra de papeles, que lleva adelante la citada firma, hasta ahora sin éxito por falta de voluntad. El ente contralor no se pronunció hasta el momento.