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Hasta el momento, las investigaciones apuntan a tres funcionarios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas (FCJD) de la UC y a un grupo de estudiantes de la carrera de Derecho, quienes serían responsables directos de la adulteración de actas de calificaciones. Estas se realizaron principalmente el año pasado.
Aunque no trascendieron aún los nombres, se supo que fueron los que cambiaron las notas, modificaron actas y falsificaron firmas de docentes.
El sistema informático de la Facultad cuenta con un archivo automático que preserva los documentos originales en el sistema, a pesar de que estos eran borrados intencionalmente. Esto sirvió ahora para comprobar la adulteración realizada, según las investigaciones.
El exrector de la UC, doctor Antonio Tellechea Solís, encabeza el equipo interventor de la Facultad, designado por el Rectorado de la institución. La comisión interventora de la FCJD está integrada por los abogados Gabriel Benítez Colnago, Fabián Ayala Molinas y Francisco Aseretto. Estos interventores se encargan de la unidad académica debido a que el decano José María Cabral fue cesado en sus funciones, hasta que culmine el proceso investigativo.
Este grupo interventor está analizando las actas, una por una, desde el 2009 hasta la fecha, y se estima que este proceso culminaría en un mes más.
Investigación fiscal
Paralelamente al trabajo del equipo interventor, el Ministerio Público encomendó a la fiscal penal Teresa Sosa investigar el caso, ante la denuncia de un docente y de la propia UC.
La fiscal Sosa se constituyó recientemente en la facultad, con el objeto de obtener copias del sistema informático que guardan las actas de calificaciones y posteriormente verificarlas.
La agente fiscal tomó declaraciones a varios funcionarios y alumnos. Sin embargo, ayer explicó a este diario que no podía hacer declaraciones ni anticipar resultados del proceso, para no entorpecer las investigaciones.
Anticipó que en un lapso de 15 días estaría culminando su actuación en este caso.
Venta al mejor postor
De acuerdo con las investigaciones dentro de la UC, los cambios de actas y falsificación de firmas para modificar las notas costaban desde 700.000 a más de un millón de guaraníes, “según la cara del cliente”.
El caso salió a la luz en marzo último cuando en el archivo central de la institución se detectó que las notas de un certificado de estudios no coincidían con el acta de calificaciones.