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En 2013 el exintendente de Humaitá Julio Caballero (PLRA) fue denunciado por irregularidades en obras, a las que fueron destinadas 1.300 millones y unos 800 millones de merienda escolar. Su rendición de cuenta habría realizado con boletas con montos adulterados.
Igualmente, varios de los supuestos proveedores de la municipalidad habrían negado haber participado de la licitación en la comuna de Humaitá.
El intendente de Paso de Patria, Rolando Arrúa (ANR), entre otras irregularidades, con recursos del Fonacide, habría pagado la construcción de tajamares, no contemplada en la ley. Asimismo, habría pagado por alimentos a empresas inexistentes, según el Ministerio de Hacienda.
El exintendente de San Juan Bautista del Ñeembucú Fabio Rojas (PLRA) también fue denunciado por mala utilización del dinero que debe ser destinado exclusivamente a mejoras en educación: infraestructura, almuerzo escolar y proyectos de desarrollo.
El exintendente colorado del distrito de Laureles Roberto Chávez Pasotti (ANR) fue denunciado por concejales por no justificar el destino de G. 1.500 millones del Fonacide.
Prácticamente no existe una sola autoridad sin cuestionamientos por el mal uso de los recursos destinados a la educación.
En el caso de la Gobernación, meses atrás los concejales departamentales habían detectado que partidas de leche destinadas a la merienda escolar no contaban con la inscripción de “venta prohibida” y que era comercializada en varios negocios de Pilar. Los representantes del cuerpo legislativo habían denunciado el hecho en la fiscalía local y el gobernador, Carlos Silva (PLRA), prometió sancionar a los funcionarios involucrados. Pero hasta ahora no pasó nada.