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El Frente Guasu, de la mano del senador Lugo, es el más interesado en lograr el rechazo. Al final muchos de los campesinos que están en las calles de Asunción forman parte del núcleo más cercano del expresidente. Son los que trabajan en terreno, asegurando votos y territorio en el interior del país.
Lugo está obligado a pelear por la condonación, de lo contrario compromete seriamente una buena cantidad de votos en las elecciones que vienen; poniendo en riesgo incluso el futuro político de la nucleación que encabeza. Su margen de maniobra es muy corto.
La disidencia colorada que también trajo gente del interior para acompañar la movilización es otro de los que tiene que buscar reubicarse. En cierto modo están obligados a pelear por rechazar el veto, pero con un candidato presidencial que necesita votos a nivel nacional sus urgencias son distintas. Necesitan tomar decisiones más allá del pequeño grupo que presiona en Asunción.
Con ese panorama la disidencia optó por dar un paso atrás dejando solo al Frente Guasu, su aliado de la semana pasada para aprobar la condonación. Ahora está explorando otras salidas para tratar de mostrarse interesado por la necesidad del campo sin que ello signifique sacrificar votos en los centros urbanos. Ofrecer una mesa de diálogo con presencia de la Iglesia es la nueva apuesta, pero no todos los sectores están interesados en aceptar un juego donde solo algunos quedarán bien parados.
Mientras en el Congreso se calculan tiempos y votos, en las calles la manifestación campesina va perdiendo fuerza. El anuncio de tomar Asunción apenas se conoció el veto presidencial se diluye. El respaldo político también va perdiendo terreno y la condonación parece caminar irremediablemente al archivo.
El Poder Ejecutivo logró reconfigurar el juego. Controla la situación y cada día que pasa se consolida. Incluso ahora está en condiciones de ofrecer espacios de negociación de acuerdo con sus términos. De ser un férreo adversario de los campesinos podría pasar a ser un aliado capaz de ofrecer una salida.
Si el Gobierno logra cerrar un acuerdo podría tener un efecto político importante en la campaña presidencial. Mostrar que no necesariamente están en contra de lo que piden los manifestantes sino que simplemente difieren en el modo de llegar a las soluciones, generará buena imagen..
El Ministerio de Hacienda y el de Agricultura están trabajando intensamente para cerrar un paquete que no impacte en las cuentas públicas pero responda al menos en parte a lo que piden los campesinos.
Desde el Congreso los parlamentarios del oficialismo empezaron a sumar votos para poder aprobar una nueva ley de acuerdo con los términos del Poder Ejecutivo. Actuar rápido en el Parlamento será esencial para capitalizar políticamente el acuerdo.
La disidencia colorada y el Frente Guasu todavía no tienen definido cómo responder sin tener que resignar posiciones. Aceptar sin objeciones la propuesta hace que pierdan fuerza, pero poner trabas para impedir una solución puede tener un costo electoral alto.
La condonación parece sepultada y en ese escenario cualquiera sea la solución que finalmente tenga el reclamo de los manifestantes beneficiará al Poder Ejecutivo. El problema vendrá en los próximos meses cuando los grupos parlamentarios de nuevo unan fuerzas para presionar al Gobierno.
ogomez@abc.com.py