El interés público

Hace unos años los editores de algunos de los principales periódicos europeos se reunieron en Londres. El tema fue muy curioso: La conveniencia de publicar, o no, los actos terroristas. El debate partió de la idea de que la publicación favorece los planes de los asesinos. Esto es, extender el miedo hacia la mayor cantidad posible de personas a través de los medios de comunicación. Pese a esta acertada conclusión, se optó por seguir dando la información detallada de los devastadores actos terroristas.

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Ni siquiera las buenas intenciones –evitar que el pánico se extienda por todas partes– deben impedir que la prensa cumpla con su deber de informar sobre los acontecimientos de interés público.

La reciente tragedia en Arroyito, que sepultó a ocho militares, fue ampliamente difundida por todos los medios de comunicación. Sirvieron para conocer las limitaciones, esfuerzos, errores, desidia, ineptitudes, de las fuerzas encargadas por la nación para combatir con éxito al EPP.

Sirvieron también las publicaciones para leer y escuchar de los ciudadanos comunes, políticos, autoridades nacionales y regionales, empresarios, etc., sus opiniones personales o sectoriales. Algunas, bien argumentadas y otras tan desatinadas que no hacen sino agregar más desgracias al drama que conmueve al país.

Entre las afirmaciones llamativas se cuentan las del senador colorado cartista Carlos Núñez. Fue en la sesión extraordinaria de la Cámara Alta para tratar el asesinato de los ocho militares. Dijo Núñez: “Volverían a traer al país a Alfredo Stroessner. Lastimosamente no está más sobre la tierra”. Entonces cómo y de dónde lo traerían. Y para qué. “Para que los paraguayos volvamos a vivir en paz y tranquilidad y podamos dormir con las puertas y ventanas abiertas”. Pero no se quedó aquí el senador cartista. Agregó: “Por culpa de los derechos humanos un policía no puede hacer su trabajo, ya que los delincuentes se arañan en la cárcel y luego denuncian”. Como estaba hablando de derechos humanos pidió que los miembros del EPP sean “quemados (¿vivos?) en una plaza pública”. Finalmente relató que había visitado a los integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta para llevarles algunos regalos y levantarles la moral. Ellos, dijo, “precisan mimos”.

En rigor, lo que necesitan es quien los dirija con sabiduría, al frente de las tareas. Desde un escritorio en Asunción difícilmente se gane esta guerra.

Para el senador cartista el fracaso de la Fuerza de Tarea Conjunta es por culpa de los derechos humanos. Mientras despotricaba contra estos derechos, se realizaba una conferencia de prensa histórica: Se confirmó la identidad de los restos que desde hacía más de 40 años estaban enterrados en el predio de la Agrupación Especializada. Eran los de Miguel Ángel Soler, líder del Partido Comunista, apresado por agentes de Investigaciones. Se hallaron también los restos de la argentina Rafaela Filipazzi, desaparecida en Montevideo en 1977.

Todavía quedan, según el incansable Rogelio Goiburú, más de 400 personas que desaparecieron en los tiempos que añora el senador cartista.

Las dos Cámaras del Congreso, en reunión extraordinaria, trataron también el asesinato de los militares del modo que acostumbran los políticos: culparse los unos a los otros con el agregado de que algunos aprovechan la ocasión para que la vista presidencial se pose en ellos. Dan la impresión de que desearían nuevas tragedias para hacerse notar. Y así, ocupados en la obsecuencia, se olvidan de que hay un país que clama por mejores resultados de las autoridades estatales.

Bien está, entonces, que la prensa informe hasta donde le sea posible los acontecimientos de interés público, aunque algunos de ellos sean disparatados.

alcibiades@abc.com.py

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