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El mismo día en que, en una medida ejemplar, la Comandancia anunciaba la realización de nuevos exámenes, el ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, defendía una vez más el proceso de licitación por el cual quieren entregar la explotación del aeropuerto Silvio Pettirossi a un operador privado por 30 años, y no cualquier operador, sino Sacyr, empresa española que tiene antecedentes de incumplimiento y cuya permanencia en competencia viola el pliego.
Con un discurso por momentos nacionalista y por momentos de defensa a ultranza de empresas extranjeras, Jiménez Gaona dijo que quienes atacan esta licitación están atacando la ley de APP y todo el programa de infraestructura. “Nos sacan credibilidad con las empresas nacionales e internacionales”, dijo. Olvidándose de que su primera responsabilidad es mantener su credibilidad frente a todos los paraguayos. Porque siempre hubo y habrá leyes y planes con intenciones nobles que en la práctica puedan terminar pervertidas por la mala fe de empresas que aterrizan con las peores intenciones, valiéndose de la complicidad de funcionarios corruptos. De ahí la responsabilidad de mantener la credibilidad suya y de todo su equipo frente a la ciudadanía.
Jiménez Gaona olvidó referirse a cuestiones como que la ampliación del aeropuerto, hasta que se instaló el tema de la APP, iba a costar no más de 30 millones de dólares (ahora cuesta 149), sus funcionarios le fabricaron a Sacyr un dictamen que niega su vinculación con la empresa que incumplió en España (cuando esta relación fue reconocida por la misma Sacyr), y el hecho –igualmente grave– de que Sacyr tiene una débil posición financiera para afrontar la inversión asegurada en su oferta (según el informe de auditoría de Economistas, Contadores y Auditores Asociados Econocas).
Y como detrás de toda buena historia de fraude y corrupción hay un resentido proveedor de información, muchos de los detalles más escabrosos, y muchas de las maniobras en que incurrieron altos funcionarios del MOPC para mantener a una empresa en carrera, se conocieron después de que una de ellas fuera descalificada: Cedicor.
Cedicor es otra de las empresas con antecedentes de incumplimiento, que tampoco debió haber competido siquiera. Pero, llamativamente, también la dejaron concursar en un principio, lo que debe llamarnos poderosamente la atención a todos.
Los paraguayos sí nos merecemos infraestructura moderna, pero también nos merecemos procesos transparentes, y si no serán transparentes, cuando menos que no nos tomen por estúpidos defendiendo una licitación viciada no por una, sino por una multiplicidad de razones.
pcarro@abc.com.py