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El hecho de que la quinta no estuviera incluida en el catálogo de edificios históricos –que realizan los mismos funcionarios– no es ningún elemento determinante. Existen procedimientos a seguir que fueron ignorados y el hecho adolece de numerosas irregularidades que podrían rayar el delito y la corrupción y por tanto deben ser investigados.
Existen ordenanzas, como la 28/96 y la 35/96, que protegen el patrimonio arquitectónico, histórico y urbanístico de la ciudad, y en la Comuna la autoridad de aplicación es la Oficina de Desarrollo Urbano a través de su Departamento de Patrimonio Cultural, cuya directora, la Arq. María Teresa Miranda, hizo lo correcto. Informó que la casa no estaba incluida en el catálogo y por tanto se debía pedir un dictamen a la Secretaría Nacional de Cultura, la máxima autoridad en la materia, tal como lo establece la Ley 5621/16, de Protección del Patrimonio.
Alguien cajoneó la nota y, en lugar de enviarla con uno de los casi 10.000 funcionarios que tiene el Municipio, la congeló mientras se demolía la casa a tambor batiente el sábado 9 de setiembre. Al parecer nunca fue tan rápida y efectiva una topadora para tumbar más de 120 años de historia. La casa dataría de 1890 y le perteneció a un héroe de la Guerra contra la Triple Alianza, el Gral. José María Delgado.
El hecho de que la vivienda no estuviera en el Catálogo de Sitios y Edificios Históricos no significa que no estuviera protegida por las leyes nacionales. Incluso, se ignoró la prelación de la ley. Por demás, la Secretaría de Cultura dice que la vivienda es patrimonio desde 2005 e incluso se ratificó tal cualidad dos días antes de la demolición. Si vamos a ser malpensados se supondría que hubo algún intercambio de información o filtración de tal manera a acelerar el derribo. Esto significa obrar con mala fe.
La ley tampoco prevé la alegre y discrecional “descatalogación” de la que últimamente están abusando los concejales para autorizar la demolición de varias obras patrimoniales. Este proceso debería ser la excepción, el último recurso y un caso excepcional dictaminado exclusivamente por la Secretaría Nacional de Cultura.
Unos pocos ediles sentaron postura sobre esta situación en contra de las frecuentes demoliciones del patrimonio y es justo reconocerlo: Arq. Federico Franco Troche, Rodrigo Buongermini, Carlos Arregui y Sebastián Villarejo.
Al parecer al resto de la gran mayoría poco o nada importa que los procedimientos se ciñan o no a la ley y las ordenanzas que ellos mismos sancionaron. Total, ellos son los amos de la creación y pueden arrasar con la historia de la Madre de Ciudades cuando, y cuanto, les plazca.