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Si algo se aprende de los errores es hora de poner fin al sistema arcaico de dotar de medios de transporte de todo tipo a todas las instituciones con presupuesto de la nación, lo que significa un gasto extraordinariamente elevado e innecesario frente a las innumerables carencias que soporta la población en materia de servicios públicos y vulnerabilidad social.
Esta modalidad adoptada y ajustada al criterio político prebendario y clientelar de que cada institución disponga de un elevado porcentaje de presupuesto para el transporte permite a los jefes de turno, ministros, directores, administradores y gerentes dotar a las entidades de aviones, lanchas, flota de camionetas, ómnibus, automóviles, ambulancias y hasta de motocicletas, aun cuando el uso de los mismos sea mínimo.
Permite también a los nombrados funcionarios contratar servicios de talleres, adquirir repuestos, combustibles e insumos, además de contratar seguros y estacionamientos y hangares. Para el manejo de este esquema –gigantesco en determinadas instituciones– se requiere de áreas administrativas y de transporte, lo que supone la contratación de personal administrativo, de transporte, de guardias, playeros, motociclistas, lancheros, choferes, pilotos y copilotos, inclusive personal de mantenimiento, superponiendo a los servicios ya contratados para el efecto.
El resultado es que todos los vehículos son utilizados en determinados momentos en campañas electorales y para asuntos particulares; son destinados al cuidado de personas no idóneas y sin interés en un mantenimiento eficiente de los mismos, además de confiar la reparación a empresas que mayor porcentaje de coimas ofrecen antes que preocuparse por la calidad de su trabajo.
A todo ello debe agregarse la modalidad impune de “carnear” los vehículos oficiales para favorecer a parientes y amigos, de subastarlos en condiciones ventajosas y fraudulentas para aquellos, además de mantenerlos sin los debidos requisitos exigidos por ley, como por ejemplo la transferencia definitiva a las instituciones, por lo que no pocas veces muchos de ellos van a parar definitivamente a manos privadas.
Es de suponer, en consecuencia, que el sistema de corrupción en que se maneja la modalidad de transporte estatal no es el más adecuado para ofrecer eficiencia, economía y seguridad, y que las veces que se producen accidentes con resultados fatales o simplemente con daños materiales responden inicialmente a la forma deficiente en que se organiza y se mantiene el servicio.
Aparte de la transversal venalidad que caracteriza el conjunto de normas y procedimientos para el montaje y funcionamiento del transporte estatal persiste la cultura del culto a la personalidad y la mezcla de la irresistible vanidad de la mayoría de las autoridades con el deber de propaganda de las “obras de gobierno”. Esto hace que el presidente y los ministros se sientan obligados a inaugurar hasta los sanitarios de las escuelas para lo cual todos los ministros, gobernadores, intendentes y secretarios ejecutivos sienten a su vez el deber de acompañarlo, arrastrando tras ellos a verdaderos ejércitos de funcionarios con sus respectivos móviles, con todos los gastos que ello implica.
Una excelente manera de mejorar la calidad del gasto público para destinar mayor cantidad de rubros al combate a la pobreza es sacar del presupuesto público los rubros de transporte y sus derivados de las instituciones que no tengan que ver con las fuerzas públicas y tal vez con instituciones y empresas de servicios específicos en ciertas áreas, organizando en su reemplazo un sistema de licitaciones del servicio de manera que en el sector privado puedan competir por la adjudicación las empresas que estén en condiciones de ofrecer servicios eficientes, seguros y económicos de remises, corriendo ellas con todos los gastos y riesgos que implica el compromiso, incluida la investigación de accidentes y el pago por seguro de las indemnizaciones.
ebritez@abc.com.py