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A mediados de semana la Cámara de Senadores acordó dejar de lado la ley que obligaba al desbloqueo de las listas de candidatos a cargos electivos. En principio el compromiso de cara a la gente era que el desbloqueo de listas se mantendría, pero sería ajustado para que pueda responder mejor a los reclamos de la gente. Ese era el compromiso, pero finalmente los senadores se avivaron. Rechazaron la ley y dejaron de lado todos los demás proyectos. Cerraron filas sobre el sistema de listas cerradas y bloqueadas sin tener en cuenta que sus mandantes reclamaban un modelo distinto de elección. A la Justicia Electoral tampoco le pareció importante el reclamo de cambio de sistema de elección. Aseguró que el desbloqueo sería un proceso prácticamente inaplicable.
En paralelo en la Cámara de Diputados los legisladores también terminaban dando una mano al diputado colorado José María Ibáñez al concederle permiso hasta el próximo año sin pronunciarse sobre el proceso por estafa que se le sigue en la justicia ordinaria. El legislador necesitaba salir del foco de los medios de prensa. Precisaba desaparecer al menos por unos meses hasta que el tiempo termine apagando el clamor de la ciudadanía que pide un castigo ejemplar.
A estos enredos se sumó la confirmación de que varios legisladores tienen vínculos con el narcotráfico. Agregó más dudas sobre los intereses que defienden y elevó el nivel de descrédito.
Los parlamentarios tampoco hicieron mucho para tratar de mostrar que tienen intenciones de responder a las expectativas de los electores. Ante la acusación de que varios de sus miembros podrían tener nexos con las drogas hasta ahora prefirieron mantenerse en silencio esperando que la tormenta pase cuanto antes.
La conformación la semana pasada de una comisión especial para investigar el asesinato de Pablo Medina, corresponsal de nuestro diario en Curuguaty, pareció más bien un acto reflejo para salir del paso que una intención real de generar cambios profundos en el modo de hacer política. Solo así se entiende que la diputada colorada Cristina Villalba, quien es reconocida en la zona de Canindeyú como protectora de traficantes de drogas, o que el diputado Marcial Lezcano, que utilizó su cargo para liberar a su hermano detenido con drogas, sigan sin siquiera ser molestados en la Cámara. Todo hace suponer que la intención es apenas maquillar la situación hasta que los medios se olviden del tema.
El Ejecutivo busca dar señales distintas. Al final de la semana el presidente Horacio Cartes convocó a los representantes de los demás poderes para tomar en serio la lucha contra el narcotráfico y acordar un trabajo conjunto. Claramente la intención es obligar a los dos poderes del Estado a sumarse al compromiso del Ejecutivo de tener mano firme para castigar a los narcotraficantes. Esta movida refuerza la posición del Jefe de Estado y pone en apuros al Congreso.
El Parlamento inició un proceso de distanciamiento con sus mandantes. Todo apunta a que eso se profundizará con el correr de los meses. Los congresistas, o al menos la mayoría, parece no comprender que los reclamos ciudadanos son los que en la actualidad marcan la gestión. Se meten en un peligroso juego que puede destruir la democracia.