Últimas barajas a jugar por la reelección

Tal como están las cosas, los reeleccionistas, sin dudas, están obligados a forzar disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias.

Desde que la oposición y la disidencia del Partido Colorado concretaron, en agosto de 2016, el rechazo de la enmienda, el oficialismo y sus aliados quedaron en situación de tener que buscar justificaciones muy rebuscadas para poder presentar un nuevo proyecto sobre el mismo tema. La Constitución dice, en su artículo 290, que si una de las cámaras rechaza un proyecto de enmienda no se puede volver a presentar otra propuesta sobre la misma cuestión en el plazo de un año.

Por eso, tal vez, tiene cierto asidero pensar que el reciente episodio en la Gobernación de Guairá, donde, dentro del cartismo, se intentó cambiar al gobernador Friedmann con una insólita maniobra, pudo haber sido un laboratorio de pruebas sobre la reacción ciudadana y de las instituciones.

De hecho, los circunstanciales aliados políticos que buscan instalar la reelección, colorados cartistas, luguistas y liberales llanistas, impulsaron o amenazaron de varias iniciativas, más o menos insólitas, que terminaron volviéndose en contra.

Por citar solo alguno de esos hechos, el oficialismo perpetró en diciembre del año pasado una campaña de firmas ciudadanas pro reelección que terminó en bochorno y derivó en denuncias ante la justicia por falsificaciones. El luguismo anunció con bombos y platillos una multitudinaria manifestación frente al Congreso a favor de la reelección que nunca se concretó. Los liberales llanistas jugaron sus cartas y auguraron un triunfo en la Convención liberal a favor de una gran concertación y de la reelección pero, entre sillazos y botellazos, terminaron perdiendo claramente.

En medio de estos intentos fallidos, hubo otros hechos que también desacreditaron a los actores políticos que están detrás de la reelección. Por ejemplo, la desopilante denuncia del funcionario cartista Luis Canillas de un supuesto complot por Whatsapp para asesinar a Horacio Cartes en la que involucró hasta al presidente del Congreso.

Además de medir la capacidad de asombro y de paciencia de la ciudadanía, tal vez estos hechos hayan tenido la intención de mostrar que quienes impulsan la reelección no temen en lo más mínimo caer en el ridículo para lograr sus objetivos.

Para presentar el proyecto de enmienda ahora en el Senado y lograr que sea tratado sin demasiada demora los aliados necesitarán una mayoría calificada de votos con la que no cuentan y que les obligará a forzar ciertas interpretaciones de la Constitución y el reglamento.

Lo que puede ocurrir entonces es lo que trae incertidumbre a quienes planean imponer la reelección. Tal vez pueda pensarse que, contando con mayoría absoluta, ya no les importará nada. Sin embargo, es obvio que habrá una fuerte resistencia dentro del mismo Senado, de un sector de la ciudadanía y de algunos medios de comunicación.

Entonces, quizás Horacio Cartes deberá evaluar con serenidad si le conviene continuar en este desgaste interminable o iniciar de una vez la tarea de nombrar un sucesor. Fernando Lugo tendrá que sopesar la conveniencia de seguir con la imagen de estar asociado con el cartismo por un interés coyuntural y si no es mejor conservar el rol de opositor y simplemente ir solo con el Frente Guasu hasta donde pueda.

De todas maneras, de cerrarse el capítulo de la reelección, Lugo y Cartes igual serán actores claves para barajar las cartas que se jugarán en la previa al 2018.

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