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El abogado Santiago Dos Santos, asesor jurídico de la Vicepresidencia de la República, presentó una denuncia contra el abogado Arnaldo Gaona Brítez, representante legal de la familia Eisen.
El escrito fue presentado el pasado jueves ante el Consejo de Superintendencia de Justicia, organismo presidido por el ministro Raúl Torres Kirmser.
El representante legal del vicepresidente Juan Eudes Afara denunció “infracciones que generan responsabilidad” y solicitó “sanciones por faltas graves” en contra del Abog. Gaona Brítez.
Según el Abog. Dos Santos, el denunciado “estratégicamente pretende levantar una cortina de humo involucrando indebidamente a terceras personas en un proceso judicial, con denuncias infundadas con el objeto de ocultar ilicitudes e irregularidades”.
La molestia de la Vicepresidencia se origina en que “el temerario abogado presentó por escrito denuncia ante el Presidente de la República contra el señor vicepresidente de la República por la supuesta comisión de actos de despojo de propiedad privada, abuso de poder, la conformación de una organización de mafia, tráfico de influencias, quiebre institucional, manipulación del Poder Judicial, atentado contra la dignidad de las personas y principalmente contra el propio Gobierno, habiendo recurrido a la Embajada del Brasil y solicitando que el Presidente de la República remita los antecedentes a la Cámara de Diputados a fin de iniciar el juicio político por mal desempeño y tráfico de influencias del vicepresidente de la República”.
Derecho a peticionar
En primer lugar, es oportuno recordar a la Vicepresidencia de la República que el derecho a peticionar es un derecho consagrado en la Constitución Nacional.
Si el abogado Arnaldo Gaona Brítez considera que Juan Eudes Afara debe ser sometido a juicio político ¿por qué no puede pedir?
Juan Eudes Afara toma como una afrenta el ejercicio de un derecho constitucional.
En todo caso, tanto Juan Eudes Afara como su abogado Dos Santos deberían estar más preocupados por los indicios que sugieren que el vicepresidente de la República tendría responsabilidad en el desalojo de la familia Eisen.
Esta familia fue desalojada de su legítima propiedad. De nada sirve el título de propiedad ni la mensura judicial ni el registro de la propiedad.
Ningún documento tuvo valor alguno para evitar el desalojo de una familia que vive de su trabajo.
El Abog. Dos Santos llega inclusive a recordar la vigencia de la Ley de Seguridad Fronteriza dejando tácito el pedido de formalizar la salida de los Eisen de su propiedad.
Olvida que el título de propiedad está a nombre de Joel Eisen, ciudadano paraguayo, nacido en esta tierra.
De forma preventiva...
El Abog. Dos Santos llegó al extremo de expresar lo siguiente: “Ante la gravedad de los hechos denunciados y la probable continuidad de la inconducta especialmente del Abog. Arnaldo Gaona Brítez corresponde y así solicito la suspensión inmediata de la matrícula en forma preventiva” (negritas son nuestras).
El representante legal de Juan Eudes Afara pide una sanción por una “probable continuidad”, es decir, busca que se castigue una falta que no se cometió.
Y va más lejos: “suspensión inmediata de la matrícula en forma preventiva”.
El escrito es aberrante: el marco jurídico de nuestro país no prevé el castigo de una acción que no existió.
Esto se podía esperar en la dictadura de Alfredo Stroessner, pero no en un proceso democrático.
Recordando, el desalojo de la familia Eisen se produjo el lunes 28 de julio.
En Encarnación y Mayor Otaño se habla abiertamente de tráfico de influencia por parte de Juan Afara, mientras que Luis Aníbal Schupp es el operador del atropello a una propiedad legítima.
roque@abc.com.py