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La normativa tuvo sanción ficta en la Cámara de Diputados el día 20 de mayo pasado.
El Decreto Nº 1687 argumenta que el veto es necesario porque cualquier beneficio adicional que se pretenda otorgar a algún sector agravaría la situación de inequidad que existe en el sistema de jubilaciones de la Caja Fiscal, lo cual carece de sentido en un sistema que se podría caracterizar como de reparto. “En particular, mientras todos los sectores de la Caja Fiscal aportan la misma tasa de contribución, algunos sectores tienen mejores beneficios, lo cual no se considera equitativo”, agrega.
Advierte que la concesión de los beneficios pretendidos por los docentes agravaría la situación de déficit actuarial de la Caja Fiscal y, en tal sentido, indica que se estima un déficit actuarial adicional de la Caja Fiscal de 10% del producto interno bruto (PIB) en los próximos 40 años, lo cual se debe sumar al 42,3% anterior. “Esto significaría aproximadamente 68 millones de dólares americanos anuales”, apunta.
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta dictaminó por la aceptación del veto a la jubilación docente.
Los parlamentarios tienen tiempo hasta el 27 de julio próximo para analizar el mensaje del Poder Ejecutivo caso contrario se tendrá por aceptada la objeción total del Jefe de Estado.