Cartismo insiste en culpar a oposición de la violencia

La Junta de Gobierno de la ANR (cartista) ratificó ayer que la oposición es la responsable de la violencia y los “hechos vandálicos” registrados el 31 de marzo pasado en el Congreso y exigió que la Fiscalía esclarezca los hechos. Un miembro de la Junta incluso pidió expulsiones para los disidentes.

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La Junta de Gobierno de la ANR sesionó ayer a la tarde con la presidencia del diputado cartista Pedro Alliana, y emitió de manera unánime, un pronunciamiento oficial sobre los sucesos del 31 de marzo pasado generados por la aprobación del proyecto de reelección vía enmienda por el Senado “mau”.

Esta aprobación derivó en manifestaciones, represión policial, la quema del edificio del Congreso y el asesinato del joven dirigente del PLRA, Rodrigo Quintana, en la sede partidaria, a manos de un suboficial de la Policía.

En ese sentido, la ANR pidió el “total esclarecimiento” de las circunstancias del trágico suceso y la “sanción correspondiente”. Los cartistas repudian que la muerte del joven liberal sea utilizada “sin escrúpulo alguno como bandera política por los aviesos generadores de la violencia”, aludiendo a la dirigencia del PLRA, liderado por Efraín Alegre.

Exigieron también “investigación y castigo” de los responsables de “los hechos vandálicos” en los alrededores del Congreso Nacional.

“El Ministerio Público no puede seguir demorando imputaciones ineludibles de los principales responsables de la violencia desatada”, manifestaron.

En el estadio de oradores durante la sesión, el miembro de la Junta de Gobierno, Raúl Latorre, puso en duda que la muerte de Quintana fuese un “accidente”.

En tanto, la senadora cartista Mirta Gusinky se mostró alterada por los escraches que sufrió semanas atrás y dijo que los 25 senadores a favor de la enmienda “no le temen a los escraches, porque la voz de la verdad con el tiempo va a salir a flote”.

Aseguró que seguirán en la misma senda y apuntó contra periodistas porque engañaron a la ciudadanía.

Pidieron expulsiones

El miembro de la Junta de Gobierno por Capital Carlos Alberto Ayala pidió en la sesión de la junta colorada que el Tribunal de Conducta partidario aplique sanciones a los legisladores colorados disidentes que asistieron “como cómplices” de la quema del Congreso.

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