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En este caso el legislador está acusado como autor de estafa y cómplice del cobro indebido de honorarios de la niñera de sus hijas Gabriela Quintana Venialgo, que tenía salarios en la Cámara de Diputados y la Itaipú, pero era planillera. También fue incluido en el caso el exdirector de gabinete de Bogado, Miguel Ángel Pérez.
El ministro Antonio Fretes, presidente de la Sala Constitucional de la Corte, corrió traslado ayer a los fiscales de Delitos Económicos René Fernández y Liliana Alcaraz sobre una acción de inconstitucionalidad que fue presentada el 30 de setiembre de 2016 por el propio legislador colorado.
Los agentes habían presentado unos diez urgimientos hasta el momento, debido a la dilación extrema.
De acuerdo a los datos, la Corte ya corrió traslado a la Fiscalía General del Estado sobre la acción de inconstitucionalidad contra la confirmación del juez penal de garantías Óscar Delgado.
Esto fue en diciembre del año pasado, pero la complicidad para dilatar de la Fiscalía General quedó en evidencia cuando contestó que se debía notificar a los fiscales inferiores.
Tras ese rechazo, recién ocho meses después la Corte Suprema pidió a Fernández y Alcaraz que contesten sobre la presentación de Bogado. Los investigadores tienen nueve días hábiles para responder que se cumplen la semana que viene.
Aparte de Fretes integran la Sala Constitucional los ministros Gladys Bareiro de Módica y Sindulfo Blanco.
La dilación en los traslados es la forma más efectiva de quemar tiempo, debido a que la presentación de Bogado es improcedente porque no hay tercera instancia en recusación de jueces.