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Constructores, armadores, peritos, militares, abogados con quienes hemos conversado sobre el caso de las barcazas de la firma Naveradi, reclamadas por la naviera argentina Samuel Gutnisky, no tienen dudas de que en el tema naviero en nuestro país existen poderosas roscas que actúan fuera de la ley y corrompen a funcionarios de entidades públicas, como la PGN y al sector privado.
La irresponsabilidad, por utilizar un término suave, en la documentación de buques se puede ver –en el caso que nos ocupa– en el expediente de varias barcazas reclamadas por Gutnisky. Por ejemplo, la construcción declarada en los documentos en tiempo récord, y estamos hablando de montajes “en seco” (tierra firme) sin ningún tipo de automatización; los documentos adulterados en la Prefectura, según pericia de la misma Fiscalía; documentaciones incompletas de barcazas matriculadas, etcétera.
Este modus operandi facilita la matriculación con bandera paraguaya de numerosos buques y sobre todo barcazas, de dudoso origen. Es una práctica ilegal de hace tiempo no superada y que refuerza la imagen de país pirata a nivel internacional, manifestaron nuestros interlocutores.
El camino habitualmente seguido para matricular embarcaciones de procedencia dudosa es la PGN con el cuento de que son construidos en astilleros paraguayos. Es la vía preferida porque ya existe un esquema montado en que actúan constructores que prestan sus nombres y militares que con sus firmas avalan todo el proceso documental, e inclusive con base en estudios técnicos inexistentes, según nos explicaron.
Superastillero
En el caso de las 9 barcazas reclamadas por la citada naviera argentina, aparecen el constructor Damián Lezcano Quinto y su modesto astillero El Tuku, del Bañado Tacumbú, que deben ser la envidia de aquellos astilleros cuyos sistemas de producción automatizados han requerido de millones de dólares de inversión. Lezcano Quinto, según pedidos de construcción y de botadura remitidos a la PGN, podía producir al mismo tiempo dos enormes barcazas de 60 metros de largo, 12,5 de ancho y 3,5 metros de altura en cinco y seis meses, luego otro similar en 33 días, y también al mismo tiempo prestar su astillero a otro constructor.
La pregunta es, ¿dónde pudo meter semejante producción, toneladas de insumos y hombres trabajando si el predio de su astillero no pasa de una cuadra, con una vivienda adentro, según pudimos ver.
Conforme a los documentos remitidos a la PGN, el 25 de setiembre de 2009, mientras aún se estaba trabajando en el Conapar 2010-05 en El Tuku, el Cap. N. (SR) Luciano Gómez Sánchez solicita el permiso de construcción de la barcaza NRD 2, para Diego Omar Ramírez Dittrich, en el mismo astillero. Siete días después, el 2 de octubre, el constructor ya pide el permiso de botadura. Esta barcaza es de menor tamaño respecto a las otras, tiene 45 metros de largo, 10 de ancho y 2,70 metros de altura.
Bacchetta, abogado
Por otra parte, los abogados Enrique Bacchetta Matteucci y Aldo Bacchetta Matteucci fueron contratados por Samuel Gutnisky para su defensa legal.
Los citados reemplazan al abogado Juan Carlos Mendonca Bonet, que decidió renunciar a la representación legal de la firma extranjera.
Según fuentes judiciales, Mendonca Bonet se retiró cansado de las injerencias políticas de algunos parlamentarios que hacían imposible un pleito judicial en igualdad de condiciones.
En el caso llamó la atención la actuación de varios fiscales que no agotaron las pistas de investigación existentes para llegar a la verdad y decidieron favorecer a Naveradi.