Contralor incumple la Constitución al no verificar gastos del Poder Judicial

Tanto la Contraloría como la Corte Suprema desconocen lo que dice la Carta Magna para que el Tribunal de Cuentas pueda blanquear la ejecución presupuestaria de la administración de justicia, que el año pasado fue de G. 1 billón 311 mil millones.

El artículo 249 de la Constitución señala que “el Poder Judicial goza de autonomía presupuestaria. En el Presupuesto General de la Nación se le asignará una cantidad no inferior al tres por ciento del presupuesto de la Administración Central”. Agrega que “el presupuesto del Poder Judicial será aprobado por el Congreso, y la Contraloría General de la República verificará todos sus gastos e inversiones”.

Sin embargo, lo que claramente dispone la Carta Magna es letra muerta para la Corte y el órgano contralor, ya que este último no audita el destino que le da el Poder Judicial al millonario presupuesto que recibe cada año, aunque el 76 por ciento de mismo se destina al pago de sueldo. Empero, queda un 24% que se gasta en construcción de locales judiciales, horas extras, bonificaciones y gratificaciones, compra de combustible, viático para ministros, camaristas, jueces y funcionarios en general, etc.

Acción

En el 2008 la Corte había hecho lugar a una acción de inconstitucional que presentaron los ministros a fin de habilitar al Tribunal de Cuentas para que pueda juzgar el uso de su millonario presupuesto. De esta forma, la máxima instancia judicial dejó a un lado al órgano contralor, que está habilitado a revisar la ejecución presupuestaria por la propia constitución.

Sin embargo, es llamativo el desinterés del actual contralor, Enrique García, al igual de los que le precedieron en el cargo, para revisar los gastos y las inversiones realizadas por la Corte. Hay claro incumplimiento de lo que señala la Constitución Nacional.

En el Poder Judicial aseguran que no existen impedimentos para que la Contraloría pueda revisar el uso del dinero público, aunque en la práctica desde hace años el órgano contralor no ingresa al Poder Judicial.

Por otro lado, hay que recordar que García tiene un caso pendiente en la Corte, específicamente en la Sala Civil, cuyos miembros tienen que resolver si el ahora contralor apeló o no un fallo arbitral que condenó a la municipalidad de Asunción a pagar US$ 3, 6 millones a la firma Ivesur.

García era director jurídico de la Comuna asuncena y no habría recurrido la sentencia condenatoria.

Imputado

García está imputado por la fiscalía por el uso de documento falso, para hacer creer a la justicia que presentó el escrito de apelación del fallo del Tribunal Arbitral. Sin embargo, el Ministerio Público tiene fuertes indicios de la comisión del referido hecho punible.

El contralor, por otro lado, tiene pendiente un juicio político para su remoción.